La nueva financiación autonómica diseñada por el Gobierno se está presentando en medio de quejas casi unánimes por parte de las comunidades autónomas y con pocas posibilidades de éxito en el Congreso. Tras su aprobación el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha salido adelante con los únicos votos a favor de Cataluña y las Islas Canarias y el rechazo del resto de territorios, el Ministerio de Hacienda tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las «próximas semanas», tal y como ha anunciado el titular de la cartera, Arcadi España. A continuación vendrá la prueba más difícil, la del Parlamento, cuyo resultado no sorprende al Ejecutivo. Junts, cuyo apoyo es imprescindible para que la iniciativa se convierta en ley una vez que el PP se haya posicionado en contra, sigue exigiendo para Cataluña un concierto económico al estilo vasco. Todo lo que no suponga sacar a la comunidad del sistema común, ha recordado la formación independentista, contará con su veto en el Congreso. Seguir leyendo
Economía y Hacienda presentará la reforma al Consejo de Ministros en las próximas semanas tras recibir el voto favorable de solo dos comunidades autónomas y sin una mayoría parlamentaria asegurada
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La nueva financiación de las comunidades autónomas diseñada por el Gobierno se está poniendo sobre la mesa en medio de quejas casi unánimes de las comunidades y con pocas posibilidades de éxito en el Congreso. Tras su aprobación el viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde ha salido adelante con los únicos votos a favor de Cataluña y las Islas Canarias y el rechazo del resto de territorios, el Ministerio de Hacienda tiene previsto llevarla al Consejo de Ministros en las «próximas semanas», tal y como ha anunciado el titular de la cartera, Arcadi España. A continuación vendrá la prueba más difícil, la del Parlamento, cuyo resultado no es ninguna sorpresa para el Ejecutivo. Junts, cuyo apoyo es esencial para que la iniciativa se convierta en ley una vez que el PP se haya posicionado en contra, sigue exigiendo para Cataluña un concierto económico al estilo vasco. Todo lo que no suponga sacar a la comunidad del sistema común, ha recordado la formación independentista, contará con su veto en el Congreso. Este viernes, Josep Maria Cruset, diputado de Junts per Catalunya, adelantó que su grupo presentará una enmienda al plan global de reforma de la financiación autonómica, con el objetivo de aprovechar la «oportunidad histórica que representa la negociación del sistema» para reclamar el concierto y el modelo único para Cataluña. «Queremos que el dinero catalán se quede en Cataluña, al igual que el dinero vasco se queda en el País Vasco», afirmó Cruset. «Esperamos que los partidos políticos catalanes, los diputados de Esquerra, de Commons y de los socialistas den su apoyo», añadió a modo de desafío. El muro de contención que Junts está derribando, junto con el bloqueo que plantean los partidos tradicionales de la oposición, lleva al Gobierno central a ser consciente de los obstáculos con los que se encontrará en el camino hacia el procedimiento parlamentario, que además cuenta con un margen de tiempo reducido. El año que viene llega el superciclo electoral —se celebran elecciones generales, autonómicas y municipales— y tanto la oposición como el ejecutivo ya están empezando a plantearse la política en clave de precampaña. No solo pretende impulsar la reforma de la financiación, sino que también quiere asegurarse de que presentará nuevos presupuestos para 2027, aunque en estos momentos no cuente con el apoyo del Congreso. Sin embargo, en el Ejecutivo también esperan poder generar debate y acercar posiciones con algunos grupos gracias a las cifras que la propuesta de financiación pone sobre la mesa. El nuevo modelo, si se aprueba, aumentará en 21 000 millones los recursos que el Gobierno central destina cada año a la «cesta común» que alimenta con fondos a las comunidades para que puedan prestar los servicios públicos de su competencia, como la sanidad, la educación o la dependencia. También permite, aunque fuera del sistema, la creación de un fondo adicional de 3 300 millones de euros para ayudar a los territorios que reciben menos dinero per cápita ajustado que la media. Se está desarrollando un nuevo instrumento en el ámbito de Finanzas, que ha sido aprobado este viernes en el CPFF y que tendrá en cuenta los riesgos derivados de la masa forestal y la ubicación ultraperiférica, así como las externalidades generadas por el turismo de masas en algunos territorios. La promesa de este nuevo instrumento permite al Ministerio de Hacienda afirmar que está teniendo en cuenta las peticiones —tan diversas como la naturaleza de cada territorio— de todos los gobiernos autónomos. Y, al mismo tiempo, reprocha a las comunidades del PP que, tras sus críticas a la reforma, se esconda su incapacidad para adoptar una alternativa común. El ministerio también considera que la unidad que el PP intenta mostrar se resquebraja si se rascan mínimamente algunas de las respuestas oficiales. Según fuentes de Hacienda, la Generalitat Valenciana se negó a negociar bilateralmente, pero envió un documento de alegaciones «con algunos puntos llamativos», como la afirmación de que la propuesta del ministerio era un «gran avance». Por desgracia, dicen en Hacienda, «eso no lo dicen públicamente». En el departamento que dirige Arcadi España tampoco entienden que la Generalitat valenciana exija la supresión del fondo climático, cuando es uno de los territorios más expuestos a fenómenos como las danas, ni que solicite una condonación de la deuda mientras el PP vota en contra de esta medida en el Congreso. En la misma línea, y para profundizar en las posiciones antagónicas de algunas comunidades autónomas, el ministro explicó que una propuesta de Andalucía sobre la población ajustada —el criterio técnico que permite tener en cuenta en el sistema la casuística demográfica de cada región— perjudicaría totalmente a Castilla y León. Con estos ejemplos, el ministerio insiste en que el rechazo a la reforma expresado por algunas comunidades del PP, especialmente las más perjudicadas por el modelo actual, resulta inexplicable a menos que responda a consignas políticas dictadas por la sede del partido en Génova. El responsable de la cartera de Hacienda: «Está claro que la decisión de votar sí o no la toman otros, porque va en contra de sus intereses». Y esta misma lógica, aplicada al ámbito parlamentario, también invalidaría la negativa de Junts al nuevo sistema, según consideran en el Gobierno. Afirman que Cataluña sería la comunidad más beneficiada (junto con Andalucía) si prosperara la iniciativa para intentar superar la resistencia de la formación independentista, que hasta ahora se ha basado en exigencias maximalistas.
