El Gobierno aprobará el martes en Consejo de Ministros la actualización de las cuentas que reciben las comunidades autónomas, uno de los principales mecanismos de financiación de que disponen los gobiernos regionales para sostener los servicios públicos en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. La medida, que avanza fuentes gubernamentales, llega tras varias reclamaciones de los gobiernos autónomos y en un contexto marcado por la ausencia de actualización de los presupuestos generales del Estado. Seguir leyendo
El Consejo de Ministros dará luz verde el martes a la actualización de las cuentas recibidas por los territorios
Feed MRSS-S Noticias
El Gobierno aprobará el martes en Consejo de Ministros la actualización de las cuentas que reciben las comunidades autónomas, uno de los principales mecanismos de financiación de que disponen los gobiernos regionales para sostener los servicios públicos en los que tienen competencias, como la sanidad, la educación o la atención a la dependencia. La medida, que avanza fuentes gubernamentales, llega tras varias reclamaciones de los gobiernos autónomos y en un contexto marcado por la ausencia de actualización de los presupuestos generales del Estado. Los pagos son los anticipos que el Estado transfiere cada año a las comunidades autónomas de régimen común en función de la recaudación tributaria que prevé obtener durante el ejercicio. Se trata de un anticipo de los recursos que posteriormente se asignarán a cada territorio dentro del sistema de financiación autonómica y que se calcula a partir de previsiones económicas como el crecimiento del PIB, la evolución del empleo o los ingresos tributarios previstos como el IRPF, el IVA o los especiales. Dos años más tarde, las cifras se actualizan mediante la liquidación final del sistema. Si la recaudación ha sido mayor de la esperada, el gobierno autónomo recibe más dinero, si ha sido menor, deben reintegrar la diferencia. Estas cantidades tienen una importancia lógica para las comunidades porque son una de las referencias fundamentales para la elaboración de sus propios presupuestos. Saber de antemano cuánto dinero van a recibir les permite planificar el gasto y garantizar la prestación de los servicios públicos de su competencia. Aunque el anuncio no siempre tiene lugar en esa reunión, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), órgano que reúne al Ministerio de Hacienda y a los responsables de las comunidades autónomas, da a conocer las cifras en común. La actualización que aprobará el Gobierno el martes viene precedida de las quejas de varias organizaciones de autogobierno, por los retrasos de los últimos años. La semana pasada, los consejeros de Hacienda de las comunidades gobernadas por el PP, que son mayoría, remitieron una carta al ministro del ramo, Arcadi España, en la que advertían de las consecuencias financieras que, dicen, está provocando el retraso en la revisión de estas cuantías. En el Misiva, los dirigentes autonómicos aseguran que la falta de actualización está generando tensiones de tesorería. Según explican, la ausencia de cuentas públicas desde 2023 y la vinculación de las entregas al proceso presupuestario han llevado a los territorios a recibir, «durante muchos meses», cantidades «sustancialmente inferiores a las comunicadas». Por ello, reclaman al Gobierno que establezca un mecanismo de actualización de estos recursos al inicio de cada ejercicio y al margen de la aprobación de las cuentas públicas. Este es uno de los cambios que Hacienda estudia incorporar a la reforma del sistema de financiación autonómica que el Gobierno ha relanzado esta semana tras anunciar que comenzará a reunirse con los gobiernos autónomos para analizar el modelo. El Ministerio quiere beneficiarse de la revisión del modelo para legalizar la limitación de las actualizaciones presupuestarias y evitar que se congelen los anticipos cuando se prorrogan las cuentas. La medida pretende dar mayor seguridad financiera a autónomos y ayuntamientos en un contexto en el que las dificultades para aprobar las cuentas son cada vez más evidentes. Aunque en los últimos años el Gobierno ha encontrado fórmulas para actualizar las entregas a pesar de las sucesivas prórrogas presupuestarias, el proceso ha venido acompañado de retrasos y disputas políticas. La intención es incorporar ahora ese mecanismo a la ley para evitar que recurra a soluciones extraordinarias, como alegan las comunidades en el Misiva. Los consejeros, sin embargo, sostienen que estos retrasos ya han tenido consecuencias económicas para las comunidades. En su carta recuerdan que la actualización de las entregas a cuenta no llegó hasta septiembre de 2024 y que también hubo un retraso considerable en 2025. Según sus cálculos, el desfase entre las cantidades anunciadas y las realmente recibidas alcanzó los 6, 908 millones de euros en el primer año y los 14, 540 millones en el segundo, con un coste financiero acumulado de 206 millones para el conjunto de las autonomías. Además, afirman que las comunidades siguen recibiendo entregas a cuenta realizadas con datos de 2023 a pesar de que Hacienda ya ha facilitado varias cantidades superiores hace varios meses. En su opinión, esta situación requiere una financiación a corto plazo para garantizar la prestación de los servicios públicos, generando estos costes financieros adicionales para las arcas autonómicas.
