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  Economía  El Gobierno descarta que haya problemas por solapamientos en los cierres de centrales y ve posibilidades para la gestión de los residuos nucleares
Economía

El Gobierno descarta que haya problemas por solapamientos en los cierres de centrales y ve posibilidades para la gestión de los residuos nucleares

14 de agosto de 2026
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La autorización del Gobierno para prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030 ha suscitado nuevas dudas: qué ocurrirá con la gestión de los residuos nucleares y cómo afectará la prórroga de esta instalación a la planificación del desmantelamiento. Según el calendario original de cierres, el futuro cierre de Almaraz coincidirá con el de Ascó (Tarragona), Cofrontas (Valencia) y Vandellós (Tarragona). A estas les seguirán otro reactor de Ascó, en 2031, y el de Trillo (Guadalajara), en 2034. El Gobierno ha descartado que Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de residuos, se vea desbordada por esta coincidencia, ya que dispone de tiempo suficiente para prepararse. Asimismo, ha asegurado que existe capacidad suficiente para gestionar el almacenamiento de residuos. Seguir leyendo

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12 de agosto de 2026

 

La infraestructura actual y la capacidad económica para gestionar el almacenamiento de residuos son suficientes, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica

Fuente: MRSS-S News

La solicitud del Gobierno de prorrogar la vida útil de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta el 8 de junio de 2030 ha suscitado nuevas dudas sobre cómo afectará la prórroga de esta instalación a la planificación de su desmantelamiento. Según el calendario original de cierres, el futuro cierre de Almaraz coincidirá con el de Ascó (Tarragona), Cofrontas (Valencia) y Vandellós (Tarragona). A estos les seguirá otro reactor en Ascó, en 2031, y el de Trillo (Guadalajara), en 2034. El Gobierno ha descartado que Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos, se vea desbordada por esta coincidencia, ya que dispone de tiempo suficiente para prepararse. Asimismo, ha asegurado que existe capacidad suficiente para gestionar el almacenamiento de residuos. Los procesos de desmantelamiento suelen ser largos y lentos, con un plazo estimado de entre 10 y 15 años, según fuentes del Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica (Miteco), y requieren períodos de preparación durante los años anteriores. En este sentido, desde el departamento que dirige Sara Aagesen afirman que, aunque se mantenga el calendario inicial, habrá períodos de solapamiento entre las centrales nucleares. El cierre planificado de Almaraz, en teoría, comenzó con la Unidad I el 1 de noviembre de 2027 y continuaría con la Unidad II el 31 de octubre de 2028. La orden ministerial publicada el viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ampliado la vigencia de ambos reactores en 31 y 19 meses, respectivamente. En este contexto, fuentes del Gobierno han señalado que Enresa, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, ya estaba trabajando en esta operación de desmantelamiento y que la prolongación de la vida útil garantiza «tiempo suficiente para seguir preparándose y dimensionar bien la operación». En cuanto a la generación de residuos peligrosos derivada del tiempo de funcionamiento adicional de Almaraz, fuentes de Miteco han afirmado que el gestor público de residuos nucleares les ha informado de que será «muy limitada». Por lo tanto, las infraestructuras existentes, como El Cabril, en Andalucía, o el almacenamiento temporal de la propia central, serán suficientes para llevar a cabo la gestión de los residuos. Por otra parte, el Ejecutivo ha argumentado que la prórroga de Almaraz —en la que participan Iberdrola (53 %), Endesa (36 %) y Naturgy (11 %) —no supondrá un coste adicional para las arcas del Estado ni para los consumidores, ya que existe «suficiencia económica» para la gestión de los residuos. Los propietarios de Almaraz, que inició su actividad en mayo de 1981 (Almaraz II entró en funcionamiento en octubre de 1983), solicitaron la prórroga en octubre de 2025, pero no fue hasta el 16 de julio cuando el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitió su informe a favor de renovar la autorización de explotación, siempre que se cumplieran los límites y requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica actualmente vigentes. A partir de este dictamen técnico, el Gobierno disponía de dos meses (hasta septiembre) para evaluar y decidir si autorizaba la prórroga. Sin embargo, no ha agotado los plazos y el 14 de agosto ha publicado la autorización. A este respecto, fuentes del Ministerio han señalado que la fecha para la finalización del proceso administrativo y técnico iniciado el año pasado no se ha elegido de forma ad hoc, sino que se debe al contexto de incertidumbre geopolítica y al aumento de los precios de la energía, así como a la recepción de informes clave, como los solicitados a Enresa y Red Eléctrica, o los análisis internos del propio Ministerio. En este contexto, han precisado que la evaluación se ha realizado desde una perspectiva «técnica» y sin tener en cuenta posiciones políticas. Sumar ha rechazado la prórroga y ha acusado a los socialistas de incumplir los acuerdos del Gobierno. Y han descartado cualquier sospecha de que el apagón de abril de 2025 haya tenido algún tipo de influencia, ya que, como han subrayado, la energía nuclear «no destaca especialmente en el control dinámico de la tensión». Las previsiones de principios de año partían de la base de que el mercado del gas natural licuado (GNL) estaría saturado de oferta y a precios bajos, gracias a la producción de Catar y Estados Unidos, lo que permitió hacer frente a la crisis de la guerra en Ucrania y a la prohibición gradual de la importación de gas ruso para eliminar por completo esa dependencia de aquí a 2027. Sin embargo, estas previsiones han dejado de ser precisas debido al cierre del estrecho de Ormuz desde el 28 de febrero de 2026, a raíz de la guerra en Oriente Medio y de los daños sufridos por infraestructuras cruciales, como los que sufrió la empresa estatal Qatar Energy en marzo a causa de los ataques con misiles contra sus complejos de GNL. «El precio del gas se ha más que duplicado con respecto a lo que teníamos a principios de este año», han señalado las fuentes consultadas, que han subrayado que se espera que las consecuencias del conflicto se mantengan mucho más allá de finales de este año. Por lo tanto, se constata que la ampliación de Almaraz ayuda a gestionar estos «picos de precios». También subrayan que la decisión tomada el viernes dará tiempo para el almacenamiento de excedentes y acelerará la transición hacia un modelo en el que las energías renovables reduzcan la dependencia del gas. De hecho, tal y como han destacado las fuentes de Miteco, la estrategia energética nacional no se ve alterada. Aunque fuentes ministeriales reconocen que el desarrollo de las energías verdes se reducirá ligeramente en un 1, 4 %, las previsiones sobre el gas natural también muestran un descenso significativo de alrededor del 7 %, datos que confirmarán que se seguirán cumpliendo los objetivos fijados en España y los compromisos europeos. En este sentido, afirman que el Gobierno seguirá adoptando medidas normativas y económicas para promover su funcionamiento y alcanzar la autonomía estratégica para 2030. «El objetivo es no tener que volver a este mismo debate, ya que esta autonomía se ha alcanzado en medida suficiente gracias a las energías renovables y al almacenamiento, pues contamos con más recursos y más capacidad», han concluido.

 

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