Antes de trabajar en un centro de educación especial, Nuria Mateos era teleoperadora. «En aquella oficina había aire acondicionado, a veces tan fuerte que tenías que ponerte una chaqueta. Ahora, en las clases con niños con necesidades especiales, estoy con un ventilador que lo único que hace es mover aire caliente. Trabajas a costa de tu cuerpo, el calor te aturde la cabeza», explica esta profesora de 43 años de Alcalá de Henares (Madrid). Muy cerca, Eduardo Serna, profesor de economía de 38 años en un instituto de Torrejón de Ardoz, dice: «Trabajé como periodista y nunca estuve en una redacción sin ventilación». Es bastante sorprendente. Al final de la mañana se hace muy difícil». Seguir leyendo
La falta de adaptación de los centros educativos a la normativa, que impide trabajar en el interior a más de 27 grados, es el paradigma de un problema que también afecta a cocinas o naves industriales
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Antes de trabajar en un colegio de educación especial, Nuria Mateos era teleoperadora. «En esa oficina había aire acondicionado, a veces tan fuerte que tenías que llevar chaqueta. Ahora, en las clases con niños con necesidades especiales, estoy con un ventilador que lo único que hace es mover aire caliente. Trabajas a costa de tu cuerpo, el calor te aturde la cabeza», explica esta profesora de 43 años de Alcalá de Henares (Madrid). Muy cerca, en un colegio de Torrejón de Ardoz, está Eduardo Serna, profesor de economía de 38 años: «Trabajaba como periodista y nunca estuve en una redacción sin aire acondicionado. Es bastante sorprendente. Al final de la mañana se hace muy difícil». Estos dos profesionales sufren la mala adaptación al calor de los centros educativos en España, un fallo del sistema educativo que está recibiendo cada vez más atención porque el cambio climático hace que las altas temperaturas afecten a una mayor parte del curso. Es habitual que muchas aulas superen los 27 grados de temperatura, el máximo impuesto por la normativa laboral, en un incumplimiento flagrante que no se limita a estos espacios cubiertos. Los inspectores de trabajo y los sindicatos subrayan que las oficinas y los comercios suelen estar caldeados, pero que el problema de los colegios se repite en otros locales de toda España. «Hay cocinas en las que el calor es insoportable. Intentamos hacer visitas con frecuencia porque es uno de los espacios más problemáticos», afirma Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social. También se centran en granjas cubiertas y otras explotaciones agrícolas. «Es habitual que las naves industriales de muchos polígonos no cumplan las condiciones adecuadas», añade Mariano Sanz, responsable de Salud Laboral de CC OO. Afirma que, al tratarse de infraestructuras muy grandes, el esfuerzo de inversión para aislar el edificio y climatizarlo suele ser elevado, «pero eso no es excusa para incumplir la normativa». La ley establece que, en este tipo de actividades en interiores, la temperatura no puede superar los 25 grados. Son dos grados menos que en las oficinas, ya que implican actividad física. Los 27 grados también se aplican en colegios e institutos, donde la UGT carece de una mayor vigilancia. «Tenemos que garantizar que se cumpla la ley, que haya más inspecciones y que las sanciones se hagan efectivas, ya sea en la administración pública o en una empresa privada. La actividad debe paralizarse en el interior cuando se superan los 27 grados», afirma la responsable de salud del sindicato, Patricia Ruiz. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en 2025 fallecieron en España cinco personas por los efectos de las altas temperaturas durante su jornada laboral. Además, se produjeron otros cuatro accidentes graves y 250 leves, en un panorama que los sindicatos consideran «infradiagnosticado». En otras palabras, las centrales eléctricas señalan que este problema tiene un impacto mayor en la siniestralidad laboral de lo que sugieren las estadísticas oficiales. Es habitual que, aunque el calor sea la causa de los siniestros, las estadísticas lo relacionen con otra causa. Más información. Los estudios muestran un empeoramiento de las muertes laborales por altas temperaturas, como el elaborado en 2024 por la Organización Internacional del Trabajo, que estima un aumento del 42 % en las muertes laborales por esta causa en el periodo 2000-2020. Fuerza de inspección. El Gobierno aprobó el martes el plan que pone en marcha cada verano para reforzar la vigilancia de la inspección en los sectores más problemáticos. Así, el organismo dependiente de Trabajo anuncia que estrechará el cerco sobre la agricultura y la construcción, actividades que suelen desarrollarse en espacios al aire libre, en los que no rige la norma de los 25 o 27 grados. En ellos, la actividad laboral podrá paralizarse en función de las alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, ante avisos de nivel naranja o rojo. Los umbrales no son los mismos en toda España, pero el nivel naranja suele situarse entre los 37 y los 40 grados y el rojo, entre los 40 y los 44. Este régimen para el exterior forma parte de una modificación legislativa aprobada en mayo de 2023, que refuerza los derechos de los trabajadores frente a las altas temperaturas. El texto especifica que, para el trabajo al aire libre, «deben adoptarse las medidas adecuadas para la protección de los trabajadores frente a cualquier riesgo relacionado con fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas». Estas medidas deben diferenciarse en función del perfil del empleado: no son las mismas para un trabajador de 25 años que para uno de 60 años con problemas cardiovasculares. La legislación vigente también establece que el trabajador tiene derecho «a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, si fuera necesario, cuando considere que dicha actividad supone un riesgo grave e inminente para su vida o su salud». La falta de un plan de prevención, el incumplimiento del mismo o su elaboración inadecuada pueden dar lugar a sanciones económicas para la empresa: la infracción grave se sanciona con entre 2 451 y 49 180 euros, y la muy grave, con entre 49 181 y 983 736 euros. Más información. El Ministerio de Díaz ha defendido que ha reforzado la vigilancia de los accidentes laborales por calor. Señala que la Inspección llevó a cabo 704 investigaciones de este tipo en 2021, frente a las 11 500 de 2024 (últimos datos disponibles), que las actas han pasado de 401 a 4 175 y que las sanciones han aumentado de 175 000 euros al año a 1, 4 millones. Al mismo tiempo, el proyecto de ley destinado a reforzar la prevención de riesgos laborales en España llegará pronto al Congreso, con una mayor vigilancia de las pequeñas y medianas empresas, que son las que más se concentran en el ámbito laboral. La iniciativa, acordada por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos y sin los empresarios, busca mejorar la atención al estrés térmico, pero hay muy pocas opciones de que prospere. Se prevé que la mayoría de la derecha rechace el proyecto sin el apoyo de las empresas, como ya ocurrió con la reducción de la jornada laboral y como se prevé con el estatuto de los becarios. Alas atadas. La amenaza de sanciones económicas no impide el incumplimiento en muchos colegios e institutos, como denuncia la responsable de Educación de UGT Servicios Públicos, Beatriz García: «Esto pone de manifiesto que la comunidad educativa no es una prioridad de la administración pública». Destaca que es «impensable» que cualquier funcionario de otros ámbitos trabaje en espacios interiores «a más de 40 grados, pero aquí parece que no pasa nada, estamos fuera de la norma de riesgos laborales». Su homólogo en CC. OO. , Rafael Páez, reconoce que la falta de preparación para el verano de colegios e institutos era más justificable hace años, «cuando el calor extremo comenzaba a finales de junio, coincidiendo con las vacaciones; ahora, con temperaturas tan altas desde mayo, es insostenible». Páez señala que no hay una solución única para este problema: «No hace falta poner un aparato de aire acondicionado en cada clase, depende de la situación». Este especialista comenta que, en algunos casos, bastaría con instalar cortinas de sombreado; en otros, con un aislamiento eficaz; y, en algunos casos, con ajustes horarios o menos alumnos por clase. También se pretende instalar paneles solares para reforzar la potencia eléctrica de los edificios. «Hay algunas comunidades, los responsables de los institutos y los ayuntamientos de las escuelas que se están moviendo un poco, pero van muy despacio», añade Páez. Marisa González, directora del Instituto Vallecas I de Madrid, intenta poner en práctica las soluciones a su alcance para mitigar el calor en su centro. «Compramos ventiladores, reubicamos las clases, aprovechamos los espacios exteriores. . . hacemos lo que podemos». Estas medidas son viables dentro del presupuesto asignado al centro, pero subraya que una reforma estructural dependería de una inversión importante y debería basarse en un plan específico de la comunidad autónoma. «No basta con instalar los aparatos, también hay que cambiar la instalación eléctrica para tener más potencia y que no se salten los fusibles». Explica que también han pedido a los padres que los niños acudan al colegio con botellas de agua y les den permiso para ir a rellenarlas al baño con frecuencia. «Esperemos que las administraciones se den cuenta de la importancia de este tema».
