El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a definir una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales que incluya objetivos concretos e indicadores para medir su eficacia real. Aunque el país ha incorporado con éxito la legislación europea y sigue las recomendaciones internacionales, la institución fiscalizadora señala que existe una «dificultad real» para evaluar el impacto de las medidas actuales al no disponer de datos que permitan determinar cuánto contribuye cada acción a los resultados globales, según un informe publicado el viernes. Paralelamente, el organismo pide que se refuercen los medios técnicos y humanos del Sepblac, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que está en el centro de la vigilancia y que depende del Ministerio de Economía. Seguir leyendo.
El organismo de vigilancia pide aumentar los medios técnicos y el personal del Sepblac, la unidad de inteligencia financiera de España
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El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a definir una estrategia nacional de lucha contra el blanqueo de capitales que incluya objetivos concretos e indicadores para medir su eficacia real. Aunque el país ha incorporado con éxito la legislación europea y sigue las recomendaciones internacionales, la institución fiscalizadora señala que existe una «dificultad real» para evaluar el impacto de las medidas actuales al no disponer de datos que permitan determinar cuánto contribuye cada acción a los resultados globales, según un informe publicado el viernes. Paralelamente, el organismo pide que se refuercen los medios técnicos y humanos del Sepblac, el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales, que está en el centro de la vigilancia y que depende del Ministerio de Economía. El blanqueo de capitales consiste en ocultar el origen de los fondos obtenidos ilegalmente e introducirlos en la economía legal, transformándolos en beneficios y bienes limpios para que sus propietarios puedan disponer de ellos. La complejidad de la cuestión es significativa porque, por término medio, el valor de las transacciones sospechosas en España se estima en unos 20. 000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 1, 3% del PIB. Sólo en 2024, el importe total de las comunicaciones indicativas recibidas por las autoridades ascendió a 46, 894 millones de euros, según explica el Tribunal de Cuentas en el informe. El documento concluye que España se adhirió a las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ha incorporado la legislación europea a la legislación nacional. Sin embargo, la evaluación global señala que no se ha definido «una estrategia nacional para la política de prevención del blanqueo», que incluya objetivos e indicadores específicos para evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y la contribución de los distintos operadores del sistema. Además, el organismo de control advierte que «existe una dificultad real para evaluar el impacto del dispositivo preventivo» porque «no se dispone de datos reales para su evaluación y no es posible determinar la contribución específica a los resultados de cada medida». De ahí la recomendación de desarrollar un sistema propio de medición de resultados. En el centro del engranaje de vigilancia del país se encuentra el Sepblac, un órgano atípico que actúa como «cerebro» y actor principal del sistema. Su papel es único entre los países del entorno porque unifica dos funciones que suelen estar separadas en otras jurisdicciones. Por un lado, actúa como autoridad supervisora del cumplimiento de la ley por parte de las entidades. Por otro, es una unidad de inteligencia financiera, encargada de recibir y analizar las alertas de operaciones sospechosas para elevarlas cuando sea necesario. El Sepblac cuenta con personal especializado del Banco de Espaa y unidades contratadas de la Polica Nacional, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria para la realizacin de este trabajo. Sin embargo, el informe advierte de que este organismo se está quedando atrás, ya que mientras las comunicaciones de operaciones sospechosas aumentaron un 92% entre 2020 y 2024, el personal de inteligencia financiera solo creció un 8% en el mismo periodo. El sistema español también cuenta con la colaboración obligatoria de más de 27, 000 sujetos privados. Abarcan desde grandes entidades financieras hasta joyerías, inmobiliarias, abogados, notarios y, más recientemente, proveedores de servicios de criptomoneda. Todos ellos tienen la obligación de vigilar a sus clientes, realizar revisiones especiales de operaciones dudosas y abstenerse de participar en cualquier transacción si hay indicios de blanqueo, según explica el informe. En apenas tres años, desde su inclusión como sujeto obligado, el sector de los criptoactivos se ha convertido en el tercer comunicador de alertas de sistemas. Sin embargo, añade el organismo, existe un gran foco de vigilancia, ya que sólo siete categorías financieras remiten el 97% de todas las comunicaciones, lo que pone de manifiesto, a juicio del Tribunal de Cuentas, la necesidad de que sectores no financieros, como el inmobiliario o el jurídico, aumenten su participación y aplicación del enfoque de riesgo. En este contexto, el órgano fiscalizador recomienda al Gobierno que establezca mecanismos de rendición de cuentas a las Cortes Generales sobre los resultados alcanzados en esta materia. Asimismo, insta al Sepblac a realizar un mayor seguimiento de todas las categorías de profesionales obligados a informar, garantizando que el sistema preventivo sea realmente eficaz en todos los sectores y no se vea limitado por la falta de medios tecnológicos o humanos. El objetivo, insiste, es que España pase del cumplimiento formal de las leyes a un sistema capaz de demostrar con datos su capacidad para detectar y bloquear el dinero de origen ilícito.
