Durante años, Europa se ha acostumbrado a una contradicción que ahora empieza a considerarse peligrosa: ser una de las mayores potencias reguladoras del mundo digital y, al mismo tiempo, depender de otros para gran parte de la tecnología que esas normas pretendían regular. Bruselas ha construido un arsenal legislativo durante la última década para poner límites al poder de las grandes plataformas, desde el Reglamento General de Protección de Datos hasta la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Inteligencia Artificial. Pero mientras Europa legislaba, Estados Unidos y China creaban empresas, centros de datos, chips, plataformas en la nube y modelos de inteligencia artificial a una escala que ninguna empresa europea ha alcanzado. Seguir leyendo
Bruselas busca desarrollar sus propias capacidades en chips, la nube y la inteligencia artificial para lograr una verdadera soberanía tecnológica frente a EE. UU. y China
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Durante años, Europa se ha acostumbrado a una contradicción que ahora empieza a considerarse peligrosa: ser una de las mayores potencias reguladoras del mundo digital, al tiempo que depende de otros para gran parte de la tecnología que esas normas pretendían regular. Bruselas ha construido un arsenal legislativo durante la última década para poner límites al poder de las grandes plataformas, desde el Reglamento General de Protección de Datos hasta la Ley de Mercados Digitales, la Ley de Servicios Digitales o la Ley de Inteligencia Artificial. Pero mientras Europa legislaba, Estados Unidos y China creaban empresas, centros de datos, chips, plataformas en la nube y modelos de inteligencia artificial a una escala que ninguna empresa europea ha alcanzado. La inteligencia artificial ha puesto de manifiesto esa contradicción. La tecnología ya no es solo una cuestión de competitividad empresarial, sino que se ha convertido en una cuestión de poder. La nube, los centros de datos, los semiconductores, las redes, el software y la capacidad informática se han convertido en infraestructuras estratégicas. Quien las controla no solo vende un servicio: puede condicionar la capacidad de toma de decisiones de quienes dependen de ellas. El grado de dependencia europea es especialmente elevado: el 92 % de los datos occidentales se almacena en infraestructuras estadounidenses, según el análisis de Oliver Wyman sobre la soberanía digital europea. El problema, por lo tanto, no es solo que Europa utilice aplicaciones o servicios creados fuera de sus fronteras. Una parte esencial de la información sobre la que funciona la economía occidental se aloja en infraestructuras que Europa no controla. La propia Comisión Europea ofrece otra medida de esta dependencia: la Unión depende de países no pertenecientes a la UE en más del 80 % de sus productos, servicios, infraestructuras y propiedad intelectual digitales, según los datos recopilados por las instituciones comunitarias y el Parlamento Europeo en su resolución sobre soberanía tecnológica de enero de 2026. Esta cifra ayuda a explicar por qué Bruselas ha dejado de considerar la dependencia tecnológica como una cuestión meramente empresarial para tratarla como un problema estratégico. La Comisión Europea ha asumido ese diagnóstico y está tratando de cambiar el modelo. No se trata de expulsar a las empresas estadounidenses del mercado europeo ni de construir una fortaleza digital aislada de Estados Unidos y China. La idea que empieza a imponerse en Bruselas es que Europa debe disponer de suficientes alternativas propias para poder elegir, negociar y, si es necesario, prescindir de un proveedor extranjero en aquellas tecnologías que considere críticas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo resumió el 3 de junio de 2026 al presentar el Paquete de Soberanía Tecnológica Europea: «No podemos permitirnos depender de otros para las tecnologías que garantizan el funcionamiento de nuestros hospitales, la estabilidad de nuestras redes energéticas y la seguridad de nuestros servicios». Añadió: «Se trata de proteger a nuestros ciudadanos, defender nuestros intereses y tomar nuestras propias decisiones». El paquete presentado por Bruselas el 3 de junio es la expresión más clara de ese cambio. La Comisión ha presentado dos nuevas propuestas legislativas: la Ley de Chips 2. 0 y la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, conocida como CADA, acompañadas de una estrategia europea de código abierto y una hoja de ruta para la digitalización y la inteligencia artificial en el sector energético. Aún no son leyes aprobadas, sino propuestas que deben pasar por el proceso legislativo comunitario, pero muestran hacia dónde quiere llevar Bruselas la política tecnológica europea. El análisis del mercado de la nube es aún más revelador. AWS, Microsoft Azure y Google Cloud, los tres principales gigantes estadounidenses, concentran alrededor del 70 % del mercado europeo de infraestructuras en la nube, mientras que los proveedores europeos representan aproximadamente el 15 %. En 2017, estos últimos tenían alrededor del 29 % del mercado; cinco años después, habían caído al 15 %, una cuota que desde entonces se ha mantenido prácticamente estancada. Centros de datos de Microsoft en Middenmeer (Países Bajos). Mouneb Taim (Anadolu / Getty Images). Un gigante tecnológico conocido como «hiperascendente» es aquel que gestiona redes masivas de centros de datos y ofrece a otras empresas la capacidad de proporcionar servicios informáticos, de almacenamiento y digitales bajo demanda. Su poder también proviene de los ecosistemas que han creado: una empresa puede empezar utilizando servicios de almacenamiento y acabar dependiendo del mismo proveedor para sus bases de datos, herramientas de desarrollo, ciberseguridad, análisis de datos e inteligencia artificial. Así surge el denominado «lock-in del proveedor», es decir, el bloqueo del cliente dentro de una plataforma tecnológica. Cuanto más depende una empresa de un proveedor, más caro y complicado resulta cambiar. Europa lleva varios años intentando abordar este problema a través de la legislación. La Ley de Datos, que entró en vigor en septiembre de 2025, establece medidas para facilitar el cambio de proveedor de servicios de tratamiento de datos, incluidos los servicios de computación en la nube y en el borde. La normativa tiene por objeto aumentar la interoperabilidad y la portabilidad, así como reducir los obstáculos técnicos y económicos que dificultan abandonar una plataforma. El siguiente paso es la Ley de Mercados Digitales. En junio de 2026, la Comisión comunicó a Amazon y Microsoft su posición preliminar de que AWS y Azure deberían ser designados «guardianes» en virtud de la Ley de Mercados Digitales. Bruselas considera que ambas son los principales proveedores de servicios en la nube de la Unión, con posiciones consolidadas, elevados costes de cambio y fuertes efectos de bloqueo. La decisión aún no es definitiva, pero supone llevar la lógica de la regulación de las grandes plataformas al corazón de la infraestructura en la nube. Para Bruselas, la nube ha dejado de ser un simple mercado de servicios informáticos para convertirse en una infraestructura estratégica. La razón está en la inteligencia artificial. Los modelos avanzados requieren enormes cantidades de potencia de cálculo. Para entrenarlos y ejecutarlos, se necesitan procesadores especializados, centros de datos, almacenamiento, redes de alta velocidad y enormes cantidades de energía. La IA está convirtiendo los centros de datos en fábricas donde se producirá gran parte de la economía digital del futuro. El proyecto CADA. Por eso la Comisión ha diseñado el CADA. La propuesta tiene como objetivo triplicar, como mínimo, la capacidad de los centros de datos de la Unión en los próximos cinco a siete años, agilizar y simplificar los permisos para su construcción, facilitar el acceso a la energía, el suelo, el agua y la financiación, y garantizar una capacidad informática suficiente para respaldar la expansión de la inteligencia artificial y los servicios en la nube. Asimismo, introduce un marco europeo único para evaluar la soberanía de la nube y la IA, y prevé que las administraciones públicas lo utilicen en sus decisiones de contratación pública. La parte más innovadora de CADA es precisamente esa definición de soberanía. Bruselas quiere dejar atrás la idea de que una nube es soberana simplemente porque los datos se encuentran físicamente dentro de la Unión. El nuevo marco abarca cuatro niveles: el primero exige que los datos se traten y almacenen en infraestructuras situadas en la UE; el segundo añade la independencia respecto a terceros países y la transparencia en la cadena de suministro de software; el tercero exige que el proveedor sea propiedad de la Unión y esté controlado desde ella; y el cuarto, el máximo, exige plena transparencia y control sobre la cadena de suministro de software y la ausencia de injerencias de terceros países. La cuestión es importante porque el servidor puede estar en Madrid y el control seguirá estando en Seattle. Esa es precisamente la preocupación que Sebastián Muriel, director digital de Telefónica, ha planteado en el debate europeo. En su artículo publicado en el periódico económico «Cinco Días» (del grupo PRISA, la sociedad editora de EL PAÍS) el 23 de mayo, titulado «Europa, despierta: la soberanía digital no se construye firmando contratos de alquiler», advirtió de que «creer que la soberanía consiste únicamente en alojar los datos en territorio europeo es claramente insuficiente». Muriel señaló que la ley estadounidense Cloud Act podría permitir a las autoridades de EE. U. reclamar información a empresas bajo su jurisdicción, incluso si los datos se encuentran físicamente fuera del país. «Da igual que sea Madrid, Fráncfort o Dublín si la matriz está en Redmond o Mountain View», escribió. Y lanzó una de las frases que mejor resumen el problema: «Estamos fomentando que la soberanía se convierta en una etiqueta pegada a un contrato de alquiler». Esta «soberanía de alquiler» es el leitmotiv de la nueva estrategia europea. Europa no quiere dejar de utilizar la tecnología estadounidense, sino evitar que su uso sea irreversible. La autonomía estratégica no significa independencia absoluta, sino capacidad propia suficiente para que una dependencia no se convierta en una vulnerabilidad. La Comisión está tratando de aplicar esta lógica a los semiconductores. La Ley de Chips 2. 0 se basa en el hecho de que Europa representa algo menos del 10 % de la producción mundial de semiconductores, según un análisis de Polytechnique Insights sobre la industria europea de semiconductores. La nueva propuesta tiene por objeto reforzar las capacidades europeas, desarrollar tecnologías de vanguardia, aumentar la resiliencia de la cadena de suministro y estimular la demanda interna de chips producidos en Europa. El objetivo no es que Europa fabrique todos los chips que necesita. Eso sería poco realista. Lo que Bruselas intenta hacer es garantizar que Europa no pierda las capacidades industriales que pueden resultar fundamentales cuando se rompe una cadena global. La experiencia de la pandemia, las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y las restricciones sobre determinados componentes tecnológicos han demostrado que una cadena de suministro aparentemente eficiente puede convertirse rápidamente en una fuente de vulnerabilidad. El tercer pilar del paquete es el código abierto. La Comisión pretende reforzar las alternativas de código abierto en diferentes niveles tecnológicos y promover su uso en las administraciones públicas. El razonamiento es que, cuanto más se dependa de un software propietario controlado por un proveedor externo, mayor será la dependencia tecnológica. El código abierto por sí solo no garantiza la soberanía, pero puede aumentar el control europeo. La cuarta pieza es la energía. La Comisión ha comprendido que no puede promover una expansión masiva de los centros de datos sin haber resuelto la cuestión de quién suministrará la electricidad que necesitarán. La hoja de ruta para la digitalización y la IA en el sector energético tiene como objetivo integrar los centros de datos en el sistema energético europeo y coordinar la expansión de la capacidad informática con la disponibilidad de electricidad y los objetivos de descarbonización. La soberanía digital empieza, por tanto, a depender también de la soberanía energética. La falta de mano de obra cualificada. Existe otro problema menos visible pero decisivo: el 60 % de las empresas de la UE afirman tener dificultades para contratar trabajadores cualificados en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las tecnologías limpias, según el Parlamento Europeo. La falta de profesionales se ha convertido, por tanto, en otro cuello de botella para la soberanía tecnológica: Europa puede tener centros de datos, capital y empresas, pero necesita ingenieros, especialistas en IA y expertos en ciberseguridad capaces de hacer funcionar ese ecosistema. Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, ha planteado el problema desde una perspectiva geopolítica: «Estamos viviendo una revolución digital a escala mundial y una carrera global para dar forma al futuro de la inteligencia artificial. Europa no debe limitarse a participar en esta transformación, sino que debe liderarla». El cambio de tono es evidente: Bruselas ya no se limita a garantizar que las grandes tecnologías cumplan la normativa europea, sino que quiere que haya empresas europeas capaces de desarrollar tecnología que pueda competir con ellas. El esfuerzo inversor también es inferior al de sus competidores. La Unión Europea destinó 381. 4 mil millones de euros a I+D, lo que equivale al 2, 22 % de su PIB, según el Décimo Informe sobre el Estado de la Digitalización 2025 de la Comisión Europea. Este esfuerzo sigue estando muy por debajo del de Estados Unidos y China: los análisis comunitarios sitúan el gasto europeo un 34 % por debajo del esfuerzo combinado de ambas potencias. El resultado de esta inversión reducida y de la dificultad para convertirla en una iniciativa global se refleja en la estructura empresarial. Solo cuatro de las 50 mayores empresas tecnológicas del mundo son europeas, un dato que Mario Draghi ya utilizó en su diagnóstico sobre la competitividad del continente. Y el panorama resulta aún más revelador cuando se amplía la perspectiva: ninguna empresa europea figura entre las diez mayores empresas tecnológicas del mundo por capitalización bursátil, según el informe «Global Top 100 Companies 2026» de PwC. La brecha en materia de IA. La brecha se hace aún más evidente en el ámbito de la inteligencia artificial. En julio de 2026, el mejor modelo europeo de IA ocupaba el puesto 89 en la clasificación de Artificial Analysis, según la clasificación de la empresa especializada. Todos los modelos que lo precedían procedían de Estados Unidos o China. La cifra resume de forma casi brutal la distancia entre la ambición europea de construir su propia industria de inteligencia artificial y su posición actual en la carrera tecnológica. Draghi puso gran parte de este diagnóstico sobre la mesa en su informe sobre la competitividad europea. Europa no solo estaba perdiendo posiciones en el ámbito tecnológico, sino que también estaba perdiendo la capacidad de convertir su investigación en empresas de alcance mundial. Un año después, el italiano fue aún más directo: «La inacción amenaza no solo nuestra competitividad, sino también nuestra soberanía». La palabra «escala» vincula su diagnóstico con el debate actual. Europa cuenta con empresas tecnológicas, pero muchas son demasiado pequeñas, con capital fragmentado y un mercado dividido en 27 jurisdicciones nacionales, fiscalías y barreras normativas. El resultado es que Europa crea, pero no siempre crece. Draghi añadió que alrededor del 30 % de las empresas «unicornio» creadas en Europa habían trasladado posteriormente su sede a otro país. Ese es el problema que Bruselas está tratando de abordar ahora: no solo crear tecnología, sino lograr que la tecnología creada en Europa se quede en Europa, encuentre financiación y se convierta en industria. Por eso es importante la contratación pública. En abril, la Comisión adjudicó contratos por un valor de hasta 180 millones de euros para servicios de nube soberana destinados a las instituciones europeas. Esta iniciativa no puede competir en volumen con las inversiones de los gigantes tecnológicos estadounidenses, pero puede convertir al sector público en un cliente de referencia para los proveedores continentales. Y la cuestión no se limita a los centros de datos ni a la nube. Europa necesita 475 000 millones de euros de inversión en redes móviles hasta 2035 para completar su despliegue de 5G y recuperar el liderazgo digital, según un estudio de GSMA Intelligence publicado en mayo de 2026. En las condiciones actuales, los operadores europeos solo podrían movilizar unos 27 000 millones, lo que dejaría un déficit de inversión de 20 000 millones de euros, según el mismo estudio. La cifra es relevante porque los centros de datos y la inteligencia artificial no pueden funcionar al margen de las redes que conectan a las empresas, los usuarios y las infraestructuras. El Financial Times analizó recientemente este giro en un reportaje de Barbara Moens publicado a finales de mayo. La periodista describió el paso de una estrategia centrada en la regulación de las principales tecnologías a otra que tiene como objetivo promover alternativas europeas en semiconductores, la nube y la inteligencia artificial. Moens resumió ese objetivo con una expresión significativa: Europa debe «recuperar su lugar en la carrera mundial por el poder geoeconómico». Porque la soberanía digital ya no es solo una cuestión de privacidad: tiene que ver con quién controla los datos, los chips, la informática, las redes y las infraestructuras críticas. Y Europa está empezando a darse cuenta de que, por sí sola, no puede garantizar todo esto mediante la ley. Se necesitan empresas, escala e inversión y, sobre todo, empresas europeas capaces de convertirse en actores clave en esta infraestructura.
