La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) no impugna y ha resuelto la reclamación presentada por Iryo en relación con la denegación de acceso de su material rodante a los talleres de mantenimiento pesado de Renfe Mantenimiento, resolución que se adoptó con carácter provisional en marzo, pero que estaba a la espera de las alegaciones de las partes. El resultado final es que la empresa pública debe permitir que la firma italiana lleve a cabo sus trabajos de revisión en las instalaciones de La Sagra (Toledo), pero rechaza la pretensión del demandante de hacerlo también en el corredor de Valladolid. Renfe ha advertido de que esta cesión podría suponer la pérdida de hasta 1, 2 millones de su propio territorio. Seguir leyendo
La Comisión de la Competencia confirma su decisión a favor del operador italiano únicamente para el corredor sur, pero no para Valladolid
Fuente: MRSS-S News
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) no impugna y ha resuelto la denuncia presentada por Iryo en relación con la denegación de acceso de su material rodante a los talleres de mantenimiento pesado de Renfe Mantenimiento, resolución que se adoptó con carácter provisional en marzo, pero que estaba a la espera de las alegaciones de las partes. El resultado final es que la empresa pública debe permitir que la firma italiana lleve a cabo sus trabajos de revisión en las instalaciones de La Sagra (Toledo), pero rechaza la intención del solicitante de hacerlo también para el corredor de Valladolid. Renfe ha advertido de que esta cesión podría bloquear hasta 1, 2 millones de plazas propias. En la resolución definitiva del Consejo, tras su reunión del 31 de julio, la CNMC concluyó que Renfe Mantenimiento ofrecía servicios de mantenimiento pesado al mercado y que, tras haber negociado con Iryo durante más de 18 meses las condiciones para el acceso de los trenes de este operador a los talleres y la prestación de servicios de mantenimiento, apenas dos semanas después del inicio de las operaciones, declaró que no los prestaría, «sin justificación objetiva y sin haber seguido los procedimientos de coordinación y priorización de solicitudes incompatibles», explicó en un comunicado. «La retirada de la oferta de Renfe Maintenance deja a Iryo sin alternativas viables para llevar a cabo el mantenimiento pesado de sus trenes a tiempo, con el consiguiente riesgo de su inmovilización. Esto le impediría cumplir sus compromisos de reserva de capacidad con el gestor de infraestructuras y afectaría a la pluralidad de la oferta de servicios de transporte a disposición de los usuarios», prosigue el organismo regulador. En respuesta, la CNMC ordena a Renfe Maintenance «que facilite el acceso de los trenes de Iryo al taller de La Sagra para el desmontaje y montaje de bogies, en los términos previamente acordados por las partes, y sin perjuicio de que cualquiera de ellas pueda llegar a una solución alternativa de mutuo acuerdo». Dado que se ha confirmado que Iryo dispone de alternativas para la realización de dichas operaciones, esta obligación se limita a los 19 trenes objeto de las negociaciones. No exige a Renfe Maintenance que preste el servicio de mantenimiento de bogies en el taller de Valladolid. No obstante, la CNMC tampoco tiene en cuenta, y por último, la alegación de Iryo de que Renfe Maintenance facilite el acceso a sus instalaciones para la realización por cuenta propia de todas las operaciones relacionadas con la intervención «R2» de los trenes del operador, ya que la oferta de Renfe Maintenance no incluía este elemento. Renfe ya tuvo que responder a la solicitud de la CNMC en un plazo de diez días en primavera y, entonces, estimó que la medida podría suponer una pérdida de 60 millones de euros al año. La empresa compite con Iryo y Ouigo en los tres corredores de alta velocidad con mayor demanda: Madrid-Barcelona, Madrid-Sur y Madrid-Levante. Los trabajos de mantenimiento y reparación requieren varios días de ocupación de las instalaciones, lo que supone una transferencia de capacidad industrial que podría repercutir en la propia Renfe, debido a la inmovilización de trenes en el eje Madrid-Barcelona, en el Avant Madrid-Valladolid o en los servicios públicos de obligación. Según estimaciones de Renfe, el número de plazas que se verían afectadas por la posible retirada del mercado ascenderá a 1, 2 millones, de los cuales un tercio corresponde a los trenes de la serie 103 que circulan entre Madrid y Barcelona, donde podrían perderse seis servicios diarios o uno de cada diez trenes. Otros 800 000 plazas, según el operador, corresponden a las series 120 y 121, que circulan por el País Vasco, Huelva o el Eje Atlántico. La Ley del Sector Ferroviario, según destacó un portavoz de Renfe, solo le obliga a realizar mantenimiento ligero. La empresa se refirió a un «impacto desproporcionado» por la decisión de la CNMC y a un plazo mínimo de un año para adaptar sus instalaciones al régimen que exige dicho organismo. El mantenimiento pesado del material rodante es una actividad fundamental para las empresas ferroviarias, ya que su falta de ejecución a corto plazo puede provocar la inmovilización de los trenes. La CNMC recuerda la larga controversia entre operadores, con casi dos años de disputas: «La normativa exige a los prestadores de servicios de mantenimiento pesado que los presten a todos los operadores de forma transparente y no discriminatoria, una vez que se ofrezcan al mercado. Además, en caso de solicitudes incompatibles, el proveedor debe intentar dar cabida a todas ellas, entablar negociaciones con los operadores y maximizar la capacidad de los talleres, y solo si esto no es posible, aplicar criterios de prioridad objetivos para la asignación de capacidad».
