La crisis migratoria desencadenada tras la llegada a la frontera de más de 80 000 marroquíes a territorio ceutí el 28 de julio también tiene un impacto, y de gran envergadura, en el mercado laboral. Si, por un lado, genera puestos de trabajo en función de las necesidades, por otro ralentiza la contratación como respuesta a una incertidumbre cuyo final no se vislumbra, especialmente en el comercio y la hostelería. Sigue leyendo. Es una ventaja. Del paquete de ayudas de emergencia aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis de Ceuta, 36, 6 millones se destinan directamente a autónomos y empresas. El ERTE contará con una exención del 100 % de las cotizaciones sociales y una bonificación del 75 % en las cuotas de la Seguridad Social para los contratos indefinidos en Ceuta y Melilla. Además, 12 millones de dólares se destinan a ayudas fiscales en el impuesto de sociedades. Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Juan Manuel Parrado solicita «que se cubran los gastos adicionales en seguridad privada que están asumiendo las empresas». Y desde los Comités de Trabajo piden «que las ayudas se vinculen al mantenimiento del empleo».
Aumentan las medidas de emergencia para contener la crisis migratoria. En agosto, los contratos aumentaron un 18 %
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La crisis migratoria desatada tras la llegada masiva a la frontera de más de 80 000 marroquíes a territorio ceutí el 28 de julio también tiene su impacto, y de gran envergadura, en el mercado laboral. Si, por un lado, genera puestos de trabajo en función de las necesidades, por otro ralentiza la contratación como respuesta a una incertidumbre cuyo final no se vislumbra, especialmente en el comercio y la hostelería. En estos días resulta muy difícil obtener datos de las organizaciones empresariales y profesionales. Pero, sin duda, el sector con mayor movimiento es el de la seguridad, que registra una demanda desbordante. Hay vecinos que estiman que el número de migrantes que aún residen en la ciudad autónoma es muy superior a las cifras oficiales (entre 2. 500 y 6. 000 personas): «Se esconden en el Monte García Aldave», dicen. Y no se sienten protegidos. Ni ellos ni sus comercios, muchos de los cuales han tenido que cerrar temporalmente. Y a pesar de la resistencia de las empresas de seguridad a facilitar información sobre la contratación, es cierto que han incrementado el traslado de vigilantes. Las empresas consultadas, como Mercadona, Carrefour, BBVA o CaixaBank, reconocen que han incorporado personal de seguridad, algunos de ellos incluso en plantilla. Aunque se están firmando contratos temporales (las estadísticas oficiales recogen un total de 1. 810 contratos en agosto, casi un 18 % más que en julio) y se gestionan los traslados de trabajadores desde la Península, nadie puede facilitar la cifra exacta de contratos desde la llegada masiva de inmigrantes ni cuánto tiempo se mantendrán. En esta crisis, el sistema sanitario local es el que más rinde cuentas. El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha reforzado progresivamente la plantilla ante la presión asistencial del único hospital de la ciudad (el de la zona este, por el que la consejera de Sanidad, Mónica García, ha sido criticada por el PP, que la acusa de falsear los datos). Se trata de la Universidad de Ceuta, que ha incorporado a más de 100 trabajadores, para lo cual ha invertido un millón de euros, según fuentes del propio centro. Entre ellos, siete médicos de urgencias, 22 enfermeros y 32 técnicos auxiliares de enfermería. También se proporcionan escoltas para proteger a las enfermeras que lo han solicitado, como las del centro de salud de Tarajal, para que puedan realizar la asistencia domiciliaria. Además, ha habido más personal administrativo, personal de limpieza de cocinas y peones. En Ceuta, la mayoría de los servicios son ahora esenciales. Pero, sin duda, junto con la vigilancia privada, la presencia policial es más necesaria que nunca. El Ministerio de Defensa ha desplegado 3. 000 militares, 922 agentes de la Policía Nacional y 955 guardias civiles. «Y no son suficientes. Aquí siguen instalados unos 15 000 migrantes, que se esconden para evitar su expulsión», afirma Rafael Lima, propietario de la mítica pastelería La Afrique, que fue asaltada «en los primeros días y hemos perdido el 35 % de la facturación», señala. Lo mismo ocurre en la Farmacia y Ortopedia Ruiz: «Hemos sufrido robos de productos de higiene», explica el farmacéutico Antonio Ruiz Gualda, quien añade que desde el primer día hicieron todo lo posible por reforzar los espacios seguros para sus trabajadores. «Desde el Colegio de Farmacéuticos contactamos con una empresa de seguridad privada para que se pudiera cubrir a las farmacias de guardia, pero necesitábamos una autorización institucional que ha sido imposible de conseguir. Hemos reforzado los turnos y reajustado los horarios, pero en ventas de productos ortopédicos técnicos estamos a cero», añade. Uniformes. La ciudad autónoma presenta un aspecto uniformizado debido al importante despliegue de personal de seguridad privada de las principales empresas. A pesar de la confidencialidad del sector, en Securitas Seguridad España confirman que han incorporado más vigilantes para satisfacer la necesidad actual. Y no descartan mantener dicho refuerzo si la situación lo requiere. Con el fin de proteger las instalaciones, el mobiliario y los servicios municipales, el Gobierno de Ceuta ha reforzado el servicio de vigilancia privada, que cuenta con 22 vigilantes diarios repartidos en ocho playas: La Ribera, El Chorrillo, Bentez, San Amaro, Los Corrales, Almadraba, Tarajal y Benz. Por convenio estatal, los trabajadores que prestan servicios de seguridad privada en Ceuta y Melilla tienen derecho a un complemento salarial del 25 % sobre el salario base. Asimismo, las empresas constructoras temen que los migrantes «se instalen en las obras en las que están trabajando», afirma Yalal, gerente del Grupo Dinomar, quien lamenta que «esta situación esté impidiendo la llegada de suministros». Y añade: «Muchos de los marroquíes que se acercan a las obras son pintores, albañiles, fontaneros. . . Y nos piden trabajo». «Pero no podemos contratarlos porque han entrado ilegalmente y hay que hacer las cosas bien». Los servicios de limpieza representan otro de los sectores con mayor demanda de personal en esta crisis, como se puso de manifiesto en la playa de Trampolín. El Servicio de Limpieza Pública de Ceuta, Servilimpce, mantiene su plantilla de 200 personas a pleno rendimiento. El poder judicial es otro ámbito en el que hay que reforzar las medidas. El Consejo General del Poder Judicial nombró a dos jueces para reforzar el Tribunal de Justicia. Y a la plantilla oficial, que a finales de julio contaba con tres abogados ceutianos encargados del área de extranjería, se suman ahora los servicios de otros 15 profesionales. Todos ellos han interrumpido sus vacaciones para hacer frente a los 80 casos que se tramitan a diario, incluidas las solicitudes de asilo. Se han ofrecido y puesto a disposición diferentes colegios de abogados. «Aunque por el momento no se nos ha solicitado», afirma José Adolfo Baturano, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. «En la zona del Campo de Gibraltar contamos con una lista de abogados preparados para gestionar la afluencia masiva de migrantes», añade. Aunque se están reforzando muchos puestos, sobre todo con personal desplazado, la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta tiene claro que la crisis está afectando a la actividad y al empleo. Por el momento, estima unas pérdidas directas de 33 millones de euros, que podrían alcanzar el 10 % del PIB local. Es una ayuda adicional. Del paquete de ayudas de emergencia aprobado por el Gobierno para hacer frente a la crisis de Ceuta, 36, 6 millones corresponden a ayudas directas para autónomos y empresas. El ERTE contará con una exención del 100 % de las cotizaciones sociales y una bonificación del 75 % en las cuotas de la Seguridad Social para los contratos indefinidos en Ceuta y Melilla. Además, 12 millones de dólares se destinan a ayudas fiscales en el impuesto de sociedades. Desde la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), Juan Manuel Parrado solicita «que se cubran los gastos adicionales en seguridad privada que están asumiendo las empresas». Y desde los Comités de Empresa piden «que las ayudas se vinculen al mantenimiento del empleo».
