Las comunidades han hecho un amplio uso de su autonomía fiscal en los últimos años y el impuesto sobre la renta de las personas físicas es una de las partidas en las que más se refleja esta prerrogativa. Entre 2015 y 2024 —el último año con datos disponibles—, los gobiernos autonómicos, en su conjunto, han renunciado a recaudar más de 8. 3 mil millones de euros en IRPF a cambio de las rebajas fiscales aprobadas en el ámbito tributario autonómico. Madrid, que cuenta con una intensa actividad y ha hecho de la política de bajos impuestos uno de sus sellos distintivos, es el territorio que más ha ejercido esta competencia a la baja. En el extremo opuesto se encuentra Cataluña, que a lo largo del mismo periodo ha actuado predominantemente en la dirección opuesta. Seguir leyendo
La Comunidad de Madrid concentra la mayor parte del déficit, mientras que Cataluña recauda muy por encima de su referencia teórica
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Las comunidades autónomas han hecho un amplio uso de su autonomía fiscal en los últimos años y el impuesto sobre la renta es una de las cifras en las que más se refleja esta prerrogativa. Los gobiernos autonómicos, en su conjunto, se han negado a recaudar más de 8 300 millones de euros en concepto de IRPF para las desgravaciones fiscales aprobadas en el ámbito de la fiscalidad autonómica, a pesar de que entre 2015 y 2024 —el último año con datos disponibles—. . . Madrid, que cuenta con una fuerte actividad y ha hecho de la política de bajos impuestos uno de sus sellos distintivos, es el territorio que ha llevado al extremo esta competencia a la baja. En el extremo opuesto se encuentra Cataluña, que a lo largo del mismo período ha actuado predominantemente en la dirección opuesta. El resto del mapa muestra una elevada asimetría territorial, aunque las rebajas fiscales en el IRPF prevalecen sobre las subidas, especialmente en los últimos años, marcados por tensiones inflacionistas. El resultado es que más de la mitad de las comunidades han recaudado menos de lo que habrían recaudado si no hubieran ejercido su competencia normativa. Este grupo también incluye algunos de los territorios que reciben menos recursos que la media del modelo de financiación, como Murcia, la comunidad autónoma peor tratada del sistema. La comparación se realiza con la denominada «recaudación política», una estimación de los ingresos que las comunidades habrían obtenido si no hubieran subido o bajado los impuestos sobre los que tienen competencia. Detrás de esta trayectoria fiscal a la baja se esconde una lógica inmediata y de corto plazo, según Diego Martínez López, profesor de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador de Fedea. Pagar menos impuestos, añade, es una ventaja tangible y fácil de percibir para los ciudadanos, mientras que las consecuencias de la pérdida de ingresos en los servicios públicos son más lentas y difíciles de atribuir. El problema es que el contribuyente medio no sabe con claridad a qué administración paga sus impuestos ni de dónde proceden los servicios que recibe, como la sanidad o la educación: «Las comunidades autónomas aprovechan esta confusión de forma racional para reclamar rebajas fiscales, pero el ciudadano no siempre es consciente de cómo esta decisión sobre el gasto público puede tener un impacto a largo plazo». Debido a esta falta de conexión, a los ciudadanos les resulta más difícil evaluar los efectos a largo plazo de unas decisiones que, por otra parte, tienen un impacto inmediato en sus bolsillos. Las comunidades autónomas no son las únicas que utilizan estas «bazas». Martínez López pone como ejemplo a la administración central y la revalorización anual de las pensiones, con la tensión que esto provoca en las cuentas de la Seguridad Social y su sostenibilidad a largo plazo. Los datos sobre las desviaciones en el IRPF se extrapolan a partir de las liquidaciones del sistema de financiación autónoma que el centro de estudios Fedea publica cada año a partir de la información del Ministerio de Hacienda y, en concreto, son el resultado de restar la recaudación teórica de los ingresos reales del impuesto. Este importe teórico es la cantidad de que dispondría la comunidad autónoma si no aplicara recargos ni bonificaciones a los impuestos que han sido transferidos en su totalidad (sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, etc. ) o en parte (IRPF), y que se utiliza para calcular las aportaciones al sistema de financiación autónoma. Comunidades como Madrid, Canarias y Castilla y León han ingresado por el IRPF menos de lo que indica su recaudación teórica en cada uno de los años analizados. En la Comunidad de Madrid, la diferencia es abismal y supera los 9 000 millones de euros en el período acumulado; en el archipiélago canario, el saldo es negativo en unos 1 000 millones, una cifra muy similar a la de Castilla y León. En comunidades autónomas como Galicia y Murcia, la diferencia ha sido positiva o negativa según el ejercicio, pero el saldo final también se traduce en una pérdida de ingresos —aunque menor—, ya que las rebajas fiscales han sido mayores que los aumentos. Por el contrario, en territorios como Andalucía o Extremadura, los aumentos han logrado compensar las rebajas fiscales que se han promovido, especialmente en los últimos años. Cataluña es el mejor ejemplo de esta política fiscal al alza, con unos ingresos que, en la década analizada, superan en más de 3. 5 mil millones por encima de lo que marca su referencia teórica. Por su parte, el País Vasco y Navarra quedan fuera de la ecuación por contar con sus propias haciendas. . La diferencia acumulada entre la recaudación prevista y la real entre los años 2015 y 2024, que es negativa y asciende a unos 20 000 millones de euros, concentrada en los impuestos de sucesiones y donaciones, dará lugar a años de una carrera cuesta abajo entre las comunidades. Sin embargo, hay que matizar estas cifras, ya que su recaudación teórica dista mucho de la realidad, debido a la fórmula utilizada para calcularla. «La recaudación real en el momento de la transferencia se actualiza, en la mayoría de los casos, con un indicador de los ingresos fiscales del Estado según un criterio de caja, lo cual no tiene nada que ver con el impuesto en cuestión y, además, supone una enorme diferencia», afirma Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea. «Lo único que está bien calculado es el IRPF». La recaudación teórica de impuestos, como los de transmisiones patrimoniales o de sucesiones y donaciones, toma como punto de partida el momento en que el tributo se presentó a cada comunidad, un proceso que comenzó en la década de 1980 del siglo pasado. A partir de estas cifras, los importes se han actualizado en función de un índice de evolución de los ingresos fiscales del Estado, que con el tiempo ha quedado desfasado porque el Gobierno central no controla las bases imponibles de estas cifras, salvo en el caso del IRPF, que tiene un tramo autonómico y otro estatal. «Creo que el Estado debería articular un sistema para que las comunidades compartan información sobre las bases imponibles, porque esto mejora el control fiscal y permite el cálculo correcto de la recaudación», afirma Ana Herrero, profesora de Economía en la UNED. Para Martínez López, el problema de las devoluciones no radica solo en la cuantía recaudada, sino en cómo se ha generado una competencia entre territorios. En su opinión, el federalismo fiscal español ha dado lugar a un nivel de competencia basado principalmente en los ingresos, dejando de lado una segunda fuente potencial de competencia: quién presta mejores servicios públicos y quién lo gestiona de forma más eficaz. Por ello, el profesor exige que se preste más atención al lado del gasto. La Autoridad Fiscal, recuerda, lleva años realizando análisis sobre la eficiencia del gasto público y ha estudiado ámbitos directamente relacionados con las competencias autonómicas. «Toda esa documentación debería ponerse sobre la mesa en el debate público», recomienda.
