El costo de los carritos de compras ha aumentado en más del 35% desde el período de la pandemia hasta la actualidad. El aspecto negativo es que todavía se puede rastrear: por lo general, las influencias de la energía tardan de varios meses a un año en afectar los precios en los supermercados, y el tiempo para los descuentos no se ha utilizado desde el comienzo del conflicto de Oriente Medio a finales de febrero. El gobierno tiene como objetivo mejorar la vigilancia en el ámbito de la incertidumbre y ha delegado la responsabilidad a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que observará atentamente los cambios en los precios de los alimentos. Para más información, consulte las siguientes fuentes.
Según la directiva del Gobierno, la Competencia tiene la tarea de observar el proceso a través del cual el aumento de los costos de la energía se refleja en los precios minoristas, como se describe en un decreto de ley que se aprobará el próximo viernes.
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La cesta de la compra se ha encarecido de forma vertiginosa en los últimos años, más de un 35% desde la pandemia hasta ahora. Y la mala noticia es que todavía puede quedar recorrido al alza: los impactos energéticos sobre los precios suelen tardar desde varios meses hasta un año en trasladarse a los lineales del supermercado, un tiempo de descuento que aún no se ha agotado desde el inicio de la guerra en Oriente Próximo a finales del pasado febrero. Es en ese margen de incertidumbre donde el Gobierno quiere reforzar la vigilancia y ha movido ficha, encomendando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que supervise con lupa la evolución de los precios de los alimentos.
La disposición está contemplada en el real decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 29 de septiembre, que extiende hasta finales de año el escudo anticrisis desplegado para amortiguar el golpe inflacionario de la crisis energética. El texto determina que la CNMC “realizará un seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios” a través de “la elaboración y publicación de un estudio sobre el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor de dichos productos y su incidencia sobre los precios”. Y Competencia confirma que asumirá esa labor cuando el texto sea convalidado por la Diputación Permanente, algo que sucederá previsiblemente el próximo viernes, según la agenda del Congreso.
No sería la primera vez que el organismo realiza seguimientos e informes de este tipo a petición del Gobierno, una tarea que entra dentro de sus funciones. En solicitudes anteriores de naturaleza parecida, el organismo optó por emplear la fórmula de los estudios de mercado. Así ocurrió en 2023, cuando analizó si la rebaja del IVA aplicada a algunos alimentos básicos como aceite, fruta y verduras se había trasladado correctamente al consumidor. Tras recabar más de 60.000 precios entre distribuidores minoristas y establecimientos de todas las provincias de España durante seis meses, además de analizar bases de datos de otras entidades públicas y privadas, concluyó que el descuento había llegado correctamente al consumidor final.
La rebaja fiscal desplegada entonces respondía a la crisis energética causada por la invasión rusa de Ucrania, que desató el peor repunte inflacionario en casi cuatro décadas. La subida de los costes energéticos, en particular del gas, acabó contagiándose a la cesta de la compra. Ahora los precios han vuelto a subir a su mayor ritmo en tres años, con un alza del 4,9% en septiembre, último dato disponible, por una coyuntura parecida: el encarecimiento de la energía, sobre todo del crudo, por el conflicto de Irán. Este ha provocado el estrangulamiento de pasos neurálgicos para el comercio mundial de petróleo y gas, así como ataques a instalaciones de producción y refino.
Estructura de costes
Con los datos más recientes en la mano, el repunte inflacionario no ha incendiado el precio de los alimentos, pero tampoco puede descartarse que lo haga. “La energía tiene mucho peso en la estructura de costes de la agricultura (tractores, maquinaria diversa), ganadería (electricidad) o pesca (gasoil de los barcos), y también a través de los fertilizantes, que usan mucho gas natural en su producción”, enumera María Jesús Fernández, economista sénior del centro de análisis Funcas. La experta dice que entra dentro de lo previsible “que los precios al consumo empiecen a reflejarlo”, y añade que “algunos alimentos no elaborados podrían estar haciéndolo ya”.
La inflación alimentaria se situó en el 2,3% en septiembre, por debajo del índice general, aunque hay productos como los huevos (12,5%) o el vacuno (9,4%) que superan con creces estas cifras. El Banco de España argumentaba en un estudio publicado en 2024 cómo los impactosen los precios internacionales de las materias primas agrícolas y energéticas no se transmiten de forma inmediata a la cesta de la compra, sino que tardan entre 12 y 15 meses en alcanzar su pico máximo. Un análisis del centro CaixaBank Research, realizado en el mismo periodo, intentó cuantificarlo. Y observó que un aumento transitorio de un punto porcentual en los precios que pagan los agricultores repercute en un alza promedio de cuatro décimas sobre la inflación de los alimentos al cabo de un año, “cuando se produce el impacto máximo”. En la crisis de 2022, el peor momento para la inflación de los alimentos se registró a inicios del año siguiente, con un repunte de la cesta de la compra superior al 15% y ocho de cada diez comestibles experimentando subidas de doble dígito.
El propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha insistido en la importancia de la tarea encomendada a la CNMC y ha recordado que el pico de traslación del encarecimiento de la energía a la cesta de la compra se da “en torno a los 10 o 12 meses”. “Es un elemento donde vamos a estar muy encima. Entre otras cosas, porque lo que vimos a raíz de la crisis de Ucrania”, defendió el también vicepresidente primero el día en que el Gobierno aprobó el nuevo escudo anticrisis. El decreto nació en paralelo a los dos de vivienda que tumbó el Congreso (y que el Ejecutivo ha reformulado), pero a diferencia de aquellos no se llevó a Pleno. Por eso está pendiente de ser convalidado y, con las Cortes están disueltas por el adelanto electoral, de ello se encargará la Diputación Permanente, donde el Gobierno no espera encontrar contratiempos.
José Antonio Vega, profesor de Economía de Comillas Icade, cree que el desenlace de esta crisis no será tan extremo como en 2022-2023. “El shock energético existe, aunque su transmisión al resto de la cesta está siendo bastante más contenida”, resume. El docente considera que lo más probable será “un repunte moderado y gradual” de los precios de los comestibles, con una “inflación alimentaria algo más elevada y volátil durante los próximos meses”. “El principal riesgo estaría en que se acumulasen varios shocks simultáneamente (energía, clima, materias primas y logística), porque entonces el efecto sería claramente mayor”, alerta.
El profesor de Economía Manuel Alejandro Hidalgo, de la Universidad Pablo de Olavide, coincide en el diagnóstico: “En esta ocasión, el impacto es diferente. En el primer shock, el gas fue el principal responsable de la crisis; se metió vía electricidad y vía fertilizante, y además coincidió con una sequía. El golpe llegó por varios sitios a la vez”, explica. En la crisis actual, continúa, el encarecimiento del gas y de la electricidad están siendo más moderados —la llamarada viene sobre todo del crudo—, por lo que prevé que la inflación alimentaria no prenda tanto como hace tres años.
El sector agroalimentario, por su parte, ha alertado de que la prolongación del conflicto está generando una “presión inaguantable” y que las ayudas anunciadas “son insuficientes”, según alertaba hace unos días la federación de fabricantes de alimentos y bebidas (Fiab), que estima un sobrecoste energético de 7.400 millones para la industria manufacturera española hasta finales de año. Al mismo tiempo, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido un ejercicio de contención a las empresas de la cadena alimentaria para evitar una nueva escalada de precios. Porque la subida, por tarde que llegue, es duradera, incluso cuando los costes energéticos empiezan a moderarse.
“Conviene distinguir entre una subida de precios justificada por mayores costes y una ampliación injustificada de márgenes”, puntualiza Vega. Si los costes energéticos aumentan, dice, es normal que se produzca un cierto traslado al consumidor final. “La cuestión relevante para Competencia es comprobar si ese traslado guarda relación con la evolución efectiva de los costes y si posteriormente se produce también el ajuste cuando esos costes retroceden”, zanja.
