El proyecto de Renfe para crear su propia empresa de autobuses sigue en pie. El operador reaccionó tras el revés sufrido la semana pasada en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), con una sentencia contraria a las condiciones fundamentales de la licitación, valorada en 923 millones de euros, para la que se necesita un socio privado mayoritario. Renfe ha anunciado que volverá a sacar a concurso la creación de esta empresa de transporte alternativa al tren el próximo mes de septiembre. Seguir leyendo
El operador volverá a convocar la licitación para captar un socio privado después de que el Tribunal Administrativo de lo Económico haya validado la legalidad del modelo, aunque haya rechazado puntos clave del proceso
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El esfuerzo de Renfe por crear su propia empresa de autobuses sigue en marcha. El operador ha reaccionado tras el revés sufrido la semana pasada en el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), con una sentencia contraria a condiciones importantes del concurso, valorado en 923 millones de euros, con el que se busca un socio mayoritariamente privado. Renfe ha anunciado que volverá a convocar la licitación para la creación de esta empresa de transporte alternativa al tren el próximo mes de septiembre. Los servicios jurídicos de la empresa han estudiado la sentencia del tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda con la convicción de que respalda el modelo de sociedad elegido y también su legalidad. Renfe ha asegurado que revisará las condiciones de acceso a la licitación con el fin de fomentar la competencia. Entre los requisitos de la licitación, rechazados por el TACRC por motivos injustificados, figuraban unos ingresos anuales superiores a 75 millones y una flota de 500 autobuses, lo que motivó recursos por parte de las asociaciones de transporte de viajeros por carretera Anetra, Fenadismer y Direbus. Se alegó que los pliegos de condiciones eran demasiado restrictivos para la competencia, ya que garantizaban que solo una docena de empresas de autobuses, de un ecosistema de más de 2 600, pudieran satisfacer las necesidades de la empresa ferroviaria. Cuando surjan circunstancias que impidan continuar en tren, se prevé la puesta en marcha de una empresa con una flota de entre 50 y 100 vehículos para cubrir las necesidades de transporte de pasajeros. Hasta ahora, la operadora ha tenido que recurrir con urgencia a terceros para este tipo de servicio, que considera costoso y complicado, tal y como ha explicado la empresa en repetidas ocasiones. El problema se agrava cuando se pierden licitaciones por falta de autobuses o conductores disponibles en situaciones de emergencia. La TACRC ha rechazado las acusaciones de que una empresa de autobuses propiedad de Renfe pudiera invadir los servicios de transporte de otros proveedores. De hecho, el tribunal administrativo considera que se trata de una actividad vinculada al servicio ferroviario. Cuando se ralentizó el tráfico en el corredor Madrid-Sur, tanto a raíz del accidente de Ádamuz (Córdoba) como del desprendimiento de un talud en Álora (Málaga), el operador de alta velocidad fue el único que ofreció opciones de transporte alternativas. También ofreció desplazamientos en autobús cuando, en octubre de 2024, el servicio de Cercanías en Valencia se colapsó debido al impacto de la dana o, más tarde, en Barcelona a causa de la crisis del servicio derivada del accidente ocurrido en Gelida el 20 de enero. La resolución acoge favorablemente el régimen jurídico aplicado por Renfe y desestima las objeciones planteadas en relación con la transparencia y la publicidad de la licitación. Por el contrario, la sentencia deja claro que Renfe no justificó la búsqueda de un socio en
