Como gran economía abierta al tránsito de capitales, mercancías y personas, desde la Gran Recesión, España cuenta con multinacionales sólidas y dinámicas que generan mucho empleo en el extranjero, así como con una economía nacional que potencia su sector terciario productivo y crea numerosas oportunidades de empleo para los extranjeros. Además, España ha intensificado la exportación de capital y la importación de mano de obra. En los últimos años, el intenso crecimiento de la población extranjera se ha convertido en el principal motor del crecimiento y ha permitido combatir el invierno demográfico nacional, haciendo frente al fuerte aumento de la población activa y al 75 % de los nuevos puestos de trabajo. Seguir leyendo
El ciclo alcista intensifica el sector terciario de la actividad y deja el empleo y los ingresos públicos a merced del flujo migratorio
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Como gran economía abierta al tránsito de capitales, bienes y personas, desde la Gran Recesión, España cuenta con multinacionales fuertes y vigorosas que generan mucho empleo en el extranjero, así como con una economía nacional que intensifica su sector terciario productivo y crea mucho empleo para los extranjeros. Además, España ha intensificado la exportación de capital y la importación de mano de obra. En los últimos años, el intenso crecimiento de la población extranjera se ha convertido en el principal motor del crecimiento y ha permitido combatir el invierno demográfico nacional, haciendo frente al fuerte aumento de la población activa y al 75 % de los nuevos puestos de trabajo. El flujo migratorio ha encontrado su principal refugio laboral en las actividades de servicios y se ha revelado como impulsor de sucesivos récords de recaudación fiscal y de ingresos por cotizaciones y seguridad social, aunque tampoco ha evitado el déficit ni en la cuenta del Estado ni en la cuenta de las pensiones. Ha sido la gran fuerza dinámica del mercado laboral, mientras que el colectivo de nativos ha mostrado signos preocupantes de esclerosis y declive, mantiene niveles de desempleo similares a los de cuando estalló la crisis de 2007 y acentúa casi exclusivamente la generosidad de los mecanismos de seguro y subsidio contra el desempleo, con una rotación permanente y estructural entre el empleo y el desempleo. Toda la población ha sido de origen extranjero, y más del 75 % de los nuevos inmuebles y de las viviendas recién ocupadas también han tenido origen externo en los últimos años, lo que se confirma con mayor intensidad cuanto más corto y cercano es el período. Estas son las cifras crudas e inevitables que lo demuestran. La última Encuesta de Población Activa (tercer trimestre de 2026) ya contabiliza 25, 44 millones de activos, de los cuales solo 19, 30 millones son españoles, una cifra inferior a la de hace 10 años (19, 46 millones). El aumento de la población activa desde los 22, 84 millones de 2016 se debe, por tanto, a la población inmigrante: 2, 59 millones, la mayoría de los cuales se han incorporado en los últimos cinco años. En resumen, el grupo de la población activa no nacida en España alcanza los 6, 14 millones de personas, de las cuales 4, 48 millones se consideran extranjeros y 1, 66 millones tienen doble nacionalidad. El registro de naturalizaciones, con datos desde 2013, asciende, sin tener en cuenta el año en curso, a 2 137 464 personas. El peso de los inmigrantes en el empleo ha ido aumentando, según las estadísticas: si en 2016 la población extranjera representaba el 13, 75 % (2, 54 millones), en 2021 la proporción había aumentado hasta el 16, 5 % (3, 31 millones), pero el aumento habría sido espectacular en los últimos cinco años, hasta alcanzar el 23, 3 % de la población con empleo, casi una de cada cuatro personas (5, 33 millones de personas). Dejando de lado al colectivo de los nacionalistas, el registro de la Seguridad Social contabilizaba el pasado mes de octubre 3, 699 millones de cotizantes extranjeros, un millón más que hace apenas tres años y 598 000 más que hace 12 meses, lo que supone el 75 % del aumento de las cotizaciones. Este fuerte incremento (de casi el 18 %) se debe a la regularización extraordinaria de 2026, que, según las cifras de octubre del Ministerio de Hacienda, afectó a 490 586 trabajadores. Las actividades en las que se ha concentrado la mayoría de los cotizantes inmigrantes son el servicio doméstico (la mitad del grupo, con un aumento del 15 % en los últimos 12 meses), la construcción (27 %), los servicios hoteleros (33, 6 %) y la agricultura (28, 1 %). De hecho, el sector hotelero y el de la vivienda han aportado algo más de 200 000 dólares al año en el ámbito de la construcción, muchos de los cuales se han regularizado recientemente. Y lo han hecho en dichas actividades porque son las que han mostrado mayor dinamismo en los últimos años en la economía, todas ellas con un valor añadido limitado y que concentran las remuneraciones más modestas. Un análisis de la evolución de la oferta que muestra la Contabilidad Nacional revela que el comercio, la hostelería y el transporte acumulan los mayores avances en la actividad, con un crecimiento del 48 % desde 2020, y que el conjunto del sector de servicios lo ha hecho en un 31 %, mientras que el PIB ha crecido un 27 %. En gran parte de los servicios, pero especialmente en aquellos que han atraído a una gran cantidad de mano de obra inmigrante, el número de empleados ha crecido en los últimos tres años más que el valor de la producción, lo que refleja un deterioro de la productividad del factor trabajo, compensado en algunos casos por factores tecnológicos o de otro tipo. La actividad industrial y de servicios a las empresas ha registrado ganancias de productividad. Pero, en términos de valor añadido, el sesgo productivo hacia una economía terciaria de valor añadido limitado es responsable del estancamiento de la productividad. Un informe reciente de Fedea, BBVA Research y la Fundación Rafael del Pino señala que, si bien el PIB per cápita de España ha crecido en los últimos cinco años más que en la UE, la distancia que la separa en materia de productividad sigue siendo la misma que hace 15 años: un 73, 6 % del nivel de los grandes socios comunitarios. 6 % del nivel de los grandes socios comunitarios. El impacto demográfico y laboral de la inmigración, así como la presión sobre el mercado inmobiliario y sobre el gasto y la calidad de los servicios públicos de sanidad, educación y transporte, ha impulsado el consumo más que la inversión y ha contribuido de manera significativa a que se alcancen récords de recaudación fiscal y cotizaciones, aunque dichas cotizaciones no han reducido el déficit del fondo de pensiones ni han equilibrado las cuentas públicas. Pero no hay que olvidar que, sin su aportación, las cuentas del Estado tendrían un peor comportamiento, a pesar del desglose parcial del salario mínimo en el que se encuentra una gran parte del colectivo, y de las cuentas de la Seguridad Social, a las que contribuyen más de cinco millones de inmigrantes (entre extranjeros y naturalizados), aunque con aportaciones más modestas, y dado que apenas financia las prestaciones pasivas, presentarían un déficit de cotización muy superior a los 50 000 millones. España ha vuelto a las cifras de 2008 en materia de desempleo y protección económica tras el calvario de los seis millones de desempleados y la pérdida del 26 % de sus activos en el punto álgido más brutal de la crisis. Ahora, con el ciclo de empleo ya mostrando signos de agotamiento, 2, 59 millones de personas se encuentran en paro, el 10, 1 % de quienes están dispuestos a trabajar, un grupo similar en términos absolutos (2, 6 millones) y relativos (11, 23 %) al de 2008, y con indicadores cualitativos similares en los hogares, tanto para el cabeza de familia como para los niños. Los mecanismos de protección de los ingresos por desempleo, que alcanzan niveles récord de cobertura sin tener en cuenta instituciones de nuevo cuño como el salario mínimo vital, tienen, sin embargo, mayor penetración en la población autóctona que en la inmigrante. Solo cubre al 13, 3 % de la población con seguro o prestación por desempleo y, aunque está creciendo a ritmos muy elevados, solo uno de cada tres extranjeros en busca de empleo se beneficia de ello. Este comportamiento tiene poco que ver con la amplia gama de remuneraciones modestas en las actividades de servicios que la población recién llegada rechaza y que la población autóctona acepta, así como con los niveles de protección de los ingresos, que compiten abiertamente con ella. Una circunstancia que, si no se corrige con una mayor productividad y salarios más altos o con desincentivos para recibir prestaciones y subsidios, tenderá a agravarse, si es que no lo está ya. Hay que hacer algo al respecto en ambos casos. José Antonio Vega es escritor y periodista.
