El Gobierno sostiene que la reducción fiscal sobre el combustible se ha trasladado rápidamente a las estaciones de servicio.

El tercer paquete de ayudas para hacer frente a la crisis energética ha recibido luz verde para poder seguir en vigor hasta finales de año. El Consejo Permanente del Congreso ha ratificado este viernes el decreto-ley que lo recoge, el cual incluye una de las medidas estrella del escudo anticrisis: la reducción de impuestos sobre la gasolina y el gasóleo. El ministro de Economía y vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Corpo, ha asegurado que, 24 horas después de que se aprobara el decreto en el Consejo de Ministros —el pasado 30 de septiembre— «el 82 % de las gasolineras [. . . ] ya habían repercutido la totalidad de esta reducción fiscal en el precio de venta». «Esto, por supuesto, supone un ahorro directo para los consumidores: casi el 60 %, por ejemplo, del incremento del coste en el caso de la gasolina, o el 40 % en el caso del gasóleo», declaró este viernes ante los diputados, a quienes explicó el contenido del decreto.

La guerra en Oriente Medio ha vuelto a despertar el fantasma de la inflación. El índice de precios al consumo de septiembre, según los últimos datos disponibles, alcanzó el 4, 9 %, la tasa más alta en tres años, siendo el componente energético el principal responsable de este repunte. El gasóleo se encareció un 34 % con respecto al mismo mes del año anterior, y la gasolina un 27 %, lo que hizo necesario elevar la reducción del impuesto sobre hidrocarburos a 20 céntimos, tal y como prevé el plan de ayudas diseñado por el Gobierno. Una de las claves para que ese mecanismo funcione es que las gasolineras repercutan esa reducción en el precio final que paga el consumidor, lo cual es supervisado por las autoridades de competencia.

El Ministerio de Economía ha puesto en marcha paquetes de ayudas trimestrales en los tres meses transcurridos desde el inicio de la crisis energética en marzo, alegando que la incertidumbre en torno al conflicto impide realizar previsiones a más largo plazo. Siguiendo la misma lógica, ha ido introduciendo y retirando medidas y ha diseñado un plan de desgravaciones fiscales para los combustibles condicionado a la evolución del IPC. Si el precio del gasóleo y la gasolina sube más del 15 %, la bonificación se amplía a 20 céntimos; si la subida es menor, la ayuda se retira gradualmente.

El objetivo es que el consumidor pueda notar un alivio directo en su bolsillo. Con este fin, el Gobierno también ha reforzado las tareas de supervisión, permitiendo que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) garantice que el descuento se transfiera efectivamente a las estaciones de servicio y no acabe viéndose absorbido por un aumento de los márgenes del sector. Este organismo publicará, antes del 30 de noviembre, un estudio sobre el funcionamiento de los mercados de distribución y comercialización de la energía. El Ejecutivo también le ha encomendado la tarea de supervisar la evolución de los precios de los alimentos, que a menudo se ven afectados por la subida de los precios de la energía con meses de retraso.

Este último escudo anticrisis —que finalizará el 31 de diciembre, ya tras las elecciones generales del 29-N— también limita el aumento de la tarifa regulada del gas (TUR), congela el precio del butano hasta el verano de 2027, amplía las ayudas al gasóleo profesional y abre la puerta a reactivar la reducción del IVA en la electricidad, entre otras medidas. Su coste estimado hasta finales de año ronda los 12 000 millones, aproximadamente medio punto del PIB.

Según las estimaciones del Gobierno, las ayudas concedidas desde marzo hasta el pasado mes de septiembre habrían reducido la inflación en siete décimas de media. «Desde principios de marzo hasta septiembre, estas medidas habrían permitido amortiguar hasta un 40 %-50 % del aumento de la inflación general», afirma Corpo ante los miembros del Consejo Permanente. Este órgano asume parte de las funciones del pleno tras la disolución de las Cámaras. Este viernes también ha validado las ayudas para los afectados por la dana y posteriormente aprobará los decretos de vivienda que el Congreso estableció, lo que ha desencadenado la convocatoria anticipada de elecciones.

El decreto ha salido adelante con los votos a favor del PP, el PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Poder, el voto en contra de Vox y la abstención de Junts.