El sector de los centros de datos en España se está preparando para una batalla jurídica contra el Real Decreto propuesto recientemente por el Ministerio de Transición Ecológica. Son conscientes de que las inversiones internacionales realizadas bajo un marco normativo anterior se encuentran actualmente paralizadas como consecuencia de un cambio intermedio en la normativa. Se prevé que este cambio dé lugar a que muchos operadores presenten reclamaciones de indemnización por valor de varios millones de dólares. Para más información, consulta las siguientes fuentes.
Los responsables de Amazon, Microsoft y Google, entre otros, subrayan que hay tres promotores que dejarán de trabajar en sus proyectos si el decreto se aprueba en su forma actual.
Noticia de MRSS-S
El sector de los centros de datos en España se prepara para librar una batalla legal contra el nuevo Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Transición Ecológica. Entienden que las inversiones internacionales realizadas bajo un marco normativo anterior se ven ahora alteradas por un cambio en las reglas del juego a mitad de camino, lo que dará lugar a reclamaciones de indemnizaciones multimillonarias por parte de muchos operadores.
Según Begoña Villacís, directora ejecutiva de la patronal Spain DC, el impacto directo de esta normativa afecta a unos 9 000 millones de euros en proyectos de inversión de tres promotores que ya han advertido de que se marcharán si la normativa se aprueba tal y como se sometió a consulta pública a finales de agosto.
La patronal estima una inversión acumulada de 66, 9 mil millones de euros en España hasta 2030, de los cuales entre el 40 % y el 50 % ya están en marcha o comprometidos de forma firme. «Se ha proyectado una imagen muy preocupante de este país al cambiar las reglas a mitad de camino», afirma Villacís, quien señala que la normativa también pone en peligro 16 000 puestos de trabajo y ya ha llevado a tres socios a plantearse retirar sus proyectos del territorio español.
La directiva denuncia graves vicios jurídicos en la normativa, como la falta de proporcionalidad, la violación del principio de reserva de ley y la imposición de un régimen de sanciones encubierto que puede llegar hasta la pérdida de los permisos de acceso. También advierte de la pérdida de soberanía digital frente a socios de nuestro entorno: «Europa tiene que competir para contar con centros de datos dentro de sus fronteras; a nadie se le escapa que lo adecuado es que el botón de encendido esté en tu país». Para Villacís, el freno regulatorio en España provocará que los proyectos emigren a países vecinos como Portugal, lo que hará que España soporte las externalidades mientras la riqueza se genera fuera.
Emilio Díaz, presidente de Spain DC, y la dirección de la asociación exigen al Gobierno que deje de elaborar una normativa «a espaldas del sector» y proponen articular un concurso por méritos a través del diálogo con la industria real. Desde la organización, son conscientes de que los requisitos del decreto, como la exigencia de un 80 % de autoconsumo renovable y una estricta correlación temporal, son «técnicamente imposibles de cumplir» e impiden la firma de acuerdos de compra de energía (PPA).
«Queremos ser consumidores de energía, no generadores; ese no es nuestro negocio», afirma el presidente de la patronal Nabiax y director general, defendiendo que no se puede exigir a los operadores que se conviertan en expertos en la combinación de energía fotovoltaica, eólica y baterías. La asociación recuerda que los centros de datos solo representan el 0, 8 % de la demanda eléctrica nacional y que alcanzarían hasta un 3 % en 2030, muy lejos de los niveles de saturación de países como Irlanda. Por ello, instaron al Ejecutivo a sentarse a la mesa y negociar un marco razonable que no frenara el desarrollo tecnológico del país.
En cualquier caso, tanto Villacís como Díaz se han mostrado dispuestos a supervisar el crecimiento de los centros de datos y, en caso de que se produzcan impactos negativos en la economía, así como un aumento en la factura eléctrica de los consumidores, se podrán adoptar medidas. Sin embargo, discrepan de ese enfoque y consideran que su actividad no generará esas externalidades negativas que prevé la Administración. Además, Villacís ha calificado de «discriminatorio» el trato que se da a un único sector, el de los centros de datos, frente a otras industrias cuyo consumo eléctrico es mucho mayor. Según sus estimaciones, hasta 2030 no se producirán en España más de 3 gigavatios (GW) procedentes de centros de datos, frente a los 12 GW estimados por el Gobierno a partir de las solicitudes de conexión a la red eléctrica. Actualmente, hay 0, 4 GW de potencia en «centros de datos» operativos.
Lejos de guardar silencio ante la amenaza de denuncias por parte de la patronal de los centros de datos, el Ministerio de Transición Ecológica ha reafirmado su nueva normativa. También sobre el punto más conflictivo para los operadores: «Los centros de datos españoles consumirán el 80 % de la nueva energía renovable durante todas sus horas de funcionamiento —mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo— de forma similar a lo exigido por las normas europeas para los combustibles no biológicos o el hidrógeno renovable, o en las normativas sobre centros de datos de Irlanda, Alemania o China. Este requisito desaparecerá cuando la combinación de generación supere el 90 % de energías renovables».
«Los proyectos de CPD deberán demostrar que cumplen estos requisitos para acceder a la red eléctrica, y el MITECO y el Ministerio de Transformación Digital lo comprobarán periódicamente. En caso de incumplimiento del 80 % de suministro renovable, se les aplicarán sanciones crecientes en sus facturas de electricidad —en los importes correspondientes a las tasas y peajes— para compensar el sobrecoste que, de otro modo, afectaría al resto de los consumidores de electricidad. Y continúan diciendo que el incumplimiento reiterado podría dar lugar a que el Ejecutivo retire el acceso a la red.
En cualquier caso, fuentes conocedoras de las negociaciones aseguran que el Gobierno está dispuesto a suavizar las exigencias, tal y como adelantó este medio esta semana. Su principal preocupación es que no se reduzca drásticamente la factura de la luz de los consumidores.
