El Estado español tendrá que pagar más de 330 millones de euros por el cierre definitivo del almacén de gas de Castor, que nunca llegó a abrirse. Así se desprende de la documentación oficial publicada esta semana por Enagás, la empresa encargada de las labores de explotación, mantenimiento y desmantelamiento de la planta de gas construida frente a las costas de Castellón y Tarragona, y cuya actividad se interrumpió en 2013 al detectarse cientos de movimientos sísmicos tras la inyección de gas en el depósito. El coste que asumen los ciudadanos y consumidores españoles ronda los 1 700 millones, incluidos los 1 350 millones finalmente reconocidos en concepto de indemnización a las empresas. Seguir leyendo
El coste total asumido por los ciudadanos, incluidos los 1 350 millones reconocidos en concepto de indemnización a las empresas, ronda los 1 700 millones.
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El Estado español tendrá que pagar más de 330 millones de euros por el cierre definitivo del almacén de gas de Castor, que nunca llegó a abrirse. Así se desprende de la documentación oficial publicada esta semana por Enagás, la empresa encargada de las labores de explotación, mantenimiento y desmantelamiento de la planta de gas construida frente a las costas de Castellón y Tarragona, y cuya actividad se interrumpió en 2013 al detectarse cientos de movimientos sísmicos tras la inyección de gas en el depósito. El coste que asumen los ciudadanos y consumidores españoles ronda los 1 700 millones, incluidos los 1 350 millones finalmente reconocidos en concepto de indemnización a las empresas. Seguir leyendo
