«Si Sánchez pierde el Gobierno, no será por la economía. Le pasará lo mismo que a Biden: será por todo lo demás». Así resume una fuente del Gobierno el sentir de muchos de los ministros de Economía, a quienes cada vez les resulta más difícil encontrar margen de mejora en sus carteras. En ocho años de Gobierno socialista, el salario mínimo ha aumentado un 66 % y la tasa de desempleo ha caído a su nivel más bajo desde 2007. Sin embargo, aunque la inflación ha aumentado un 26 %, el esfuerzo para adquirir una vivienda representa más del 36 % de los ingresos de un hogar, lo que los economistas consideran el límite máximo razonable. Sigue leyendo.
El ciclo político que los ciudadanos evaluarán en las urnas corre el riesgo de cerrarse con una economía en retroceso.
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«Si Sánchez pierde el Gobierno, no será por la economía. «Le pasará lo mismo que a Biden: será por todo lo demás». Así resume una fuente del Gobierno el sentir de muchos de los ministros de Economía, a quienes cada vez les resulta más difícil encontrar margen de mejora en sus carteras. En ocho años de gobierno socialista, el salario mínimo ha aumentado un 66 % y la tasa de desempleo ha caído a su nivel más bajo desde 2007. Pero la inflación ha aumentado un 26 % y el esfuerzo para comprar una vivienda absorbe más del 36 % de los ingresos de un hogar, cuando en 2018 se situaba en el 30 %, lo que los economistas consideran el límite de lo razonable. El coste de la vida y la dificultad de acceso a la vivienda han empañado los logros objetivos en materia de estabilidad y creación de empleo, un reto global de las economías desarrolladas con el que los ejecutivos tienen cada vez más problemas y que marcará la agenda económica de otoño. El calendario político coincide en España con el inicio del curso y con los responsables de la segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista. Lo que se apruebe en los próximos meses marcará el tono de la campaña electoral. . «Salarios, vivienda, derechos laborales y servicios públicos. Estas son las bases de las políticas públicas», afirma otra fuente del Gobierno, en este caso de Sumar, que apunta a una nueva subida del salario mínimo este año. Pero donde el Ejecutivo pretende centrar sus últimos esfuerzos es en la vivienda, una preocupación compartida por los dos socios del Gobierno, pero sin la fórmula mágica que garantice el apoyo parlamentario. Los cuatro diputados de «Nosotros», en el Grupo Conjunto, y los siete de Junts son como el agua y el aceite a la hora de conseguir que un nuevo decreto al respecto vea la luz. El partido catalán «parece el partido de los pequeños propietarios», acusa una fuente cercana a las negociaciones. Por otro lado, «Nos», que surgió en gran medida como reacción a los desahucios de la anterior crisis financiera, también ve cómo cada propuesta se interpreta como ayudas a los «horqueros». El proyecto de ley que circuló entre los grupos políticos en julio (y que se prometió para la vuelta de las vacaciones de verano) ha quedado relegado en la agenda de la izquierda por otros problemas acuciantes, como la crisis energética y la gestión de la oleada migratoria en Ceuta. «Cualquier cosa que aprobemos ahora queda enterrada», afirman en el Gobierno. En la línea del Ejecutivo, se trata de la aprobación de nuevas iniciativas que pasan por el aumento de las inversiones previstas, pero también de la promoción de herramientas innovadoras como las que desplegará el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con las nuevas ayudas a los promotores. Sumar se muestra especialmente preocupado por la ampliación de las ayudas al alquiler para extender la protección de las familias. Mientras tanto, el corsé de competencias —principalmente en manos de las comunidades autónomas— limita el margen de maniobra del Ejecutivo central. Contener la subida generalizada de los precios será el otro campo de batalla. Existe preocupación por la subida del gas, que, en un contexto internacional de conflicto en el Golfo Pérsico y de creciente demanda, parece inevitable. Se espera que el Gobierno evalúe este mes de septiembre cómo funciona la reinstauración de la bonificación al gasóleo para contener la inflación. Pero si, ante la llegada del invierno, se percibe un efecto contagio hacia la electricidad o los alimentos, volverá a actuar, con margen para recuperar medidas como la reducción fiscal. Los impuestos son uno de los pocos recursos con los que cuenta el Estado para ampliar la renta disponible de las familias. En estos años de inflación desacoplada, el impuesto sobre la renta no se ha modificado en función de la evolución de los precios, lo que ha dado lugar a un aumento proporcional de los salarios. Según él, el Ministerio de Hacienda ha optado por modificarlo porque también beneficiaría a las rentas altas y ha optado por adoptar otras medidas, como la reducción de los impuestos a los sectores con menores ingresos. Sin embargo, en un mundo en el que suben los tipos de interés y los precios, el salario medio se convierte en el precio de la merienda. Los expertos estiman que casi una cuarta parte de los aumentos salariales se ha visto mermada por la falta de ajuste del impuesto. La revisión de la escala del IRPF —es decir, ajustar los tramos de renta al aumento de la inflación— supondría un alivio para los bolsillos que compensaría, al menos parcialmente, el aumento del coste de la vida. Una fuente del Gobierno no descarta esta medida, pero recuerda que la recaudación adicional ha sido muy útil para poner en marcha paquetes de ayudas directas, como en el caso de los escudos anticrisis. Hacienda, según fuentes internas, no lo considera ahora una prioridad, con todo sobre la mesa y la atención más centrada en los impuestos a los más ricos. No obstante, el ajuste del IRPF contaría, en principio, con los votos suficientes para salir adelante en el Congreso y sería una baza interesante para ganar apoyos en la hipotética presentación de las cuentas públicas. Este es el legado más complicado para el Ejecutivo: dejar los presupuestos aprobados hasta 2027. Los plazos establecen que el Gobierno debe remitir el proyecto de ley de cuentas públicas al Tribunal antes de que finalice septiembre, para que pueda entrar en vigor a tiempo y en debida forma para el año siguiente. Este plazo se ha incumplido sistemáticamente desde que el entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, en 2011, optó por no intentar aprobar algunos presupuestos y forzar una prórroga para que su sucesor se hiciera cargo de los nuevos recortes. Las cuentas de 2012 se presentaron en marzo y, a partir de ese momento, se abrió un margen de flexibilidad creativa, de modo que el momento de presentar los presupuestos quedó marcado por la conveniencia política más que por la ley. Las cuentas actuales fueron presentadas por el Gobierno el 4 de octubre de 2022, cuando se alcanzó un acuerdo entre los dos partidos de la coalición. Sin embargo, la nueva situación aritmética tras las elecciones de 2023 no ha permitido la aplicación de nuevos presupuestos. Estos se han mantenido gracias a los fondos europeos de recuperación, que han respaldado el impulso inversor. Pero las inyecciones procedentes de Bruselas llegan ahora a su fin. Aunque la inercia de las ayudas comunitarias seguirá notándose durante 2027, supone otro gran reto para el Ejecutivo. Mantener la inversión pública y atraer más capital privado —que aún no ha recuperado los niveles de 2019— para sostener la productividad. Esta sigue siendo la carga de la economía española, desde hace muchos años.
