El Gobierno avanza en la regulación de los nuevos centros de datos, un desarrollo que en las últimas dos semanas ha abierto la caja de los truenos entre los interesados en invertir en este nuevo nicho de mercado debido a las duras exigencias impuestas para acceder a una licencia. Al punto de que, según señalan responsables de la administración encargados de elaborar la nueva normativa, el Ejecutivo está dispuesto a suavizar las exigencias planteadas para facilitar que los mejores proyectos de centros de datos se materialicen y lleguen a España inversiones que el propio sector asegura que puede movilizar casi 67.000 millones de euros para los próximos años.. Seguir leyendo
El Ejecutivo no descarta cambios sobre la nueva regulación, pero buscará que los ‘data centers’ no traigan como efecto secundario un incremento en el recibo
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El Gobierno avanza en la regulación de los nuevos centros de datos, un desarrollo que en las últimas dos semanas ha abierto la caja de los truenos entre los interesados en invertir en este nuevo nicho de mercado debido a las duras exigencias impuestas para acceder a una licencia. Al punto de que, según señalan responsables de la administración encargados de elaborar la nueva normativa, el Ejecutivo está dispuesto a suavizar las exigencias planteadas para facilitar que los mejores proyectos de centros de datos se materialicen y lleguen a España inversiones que el propio sector asegura que puede movilizar casi 67.000 millones de euros para los próximos años.. Estas fuentes añaden que la norma -en cuya tramitación se han implicado el Ministerio para la Transición Ecológica, el Ministerio para la Transformación Digital e incluso el Ministerio de Economía y hasta Moncloa- ha recibido cientos de alegaciones. El plazo para presentarlas termina este mismo jueves. Los data centers se constituyen como infraestructuras estratégicas para impulsar la digitalización, la inteligencia artificial y otros vectores claves para el futuro de la economía española.. El Ejecutivo ya aseguró el pasado 25 de agosto estar abierto a las propuestas de los interesados y a trabajar conjuntamente. Sin embargo, lo que se ha encontrado durante el periodo de alegaciones es una furibunda respuesta del sector, de algunas administraciones territoriales y de las grandes tecnológicas interesadas en desarrollo de estas infraestructuras, que rechazan de plano las exigencias iniciales.. Entre los afectados, hay quien cree que el Ejecutivo se ha pasado de frenada con las exigencias mientras que otros ven estrategia política de negociación, donde se plantea una posición maximalista para después rebajarla y apaciguar a los inversores interesados.. Ante este panorama, las fuentes consultadas confirman que desde la administración están abiertos a estudiar modificaciones. Sin embargo, aseguran que la normativa tiene que evitar que la llegada masiva de data centers acabe disparando la factura de la luz por el fuerte incremento de la demanda que traerá aparejada, ya que estas plantas tecnológicas son intensivas en consumo de electricidad. Por ello, buscan elegir las propuestas más sólidas.. En este sentido, las fuentes consultadas señalan que el Gobierno en ningún caso está dispuesto a que la llegada de estas nuevas fábricas de IA acaben suponiendo un sobrecoste para los ciudadanos españoles y la industria nacional. Es decir, que lo que buscan es evitar que estos recintos provoquen inflación. O dicho de otra forma, que no causen pérdida de poder adquisitivo a los hogares y resten competitividad a la industria. La vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya advirtió a finales de agosto que la criba de proyectos evitará impacto en la factura de los consumidores.. Es por esta razón por la que el proyecto de real decreto aún en consulta pública impone añadir un 80% de generación renovable a estos data centers, para que cubran su propio consumo energético, que se pueda cubrir hora a hora (también ante picos de demanda nocturnos cuando no funcione la fotovoltaica). Este ha sido uno de los puntos más polémicos de la propuesta, ya que para algunas empresas y patronales algunos requisitos son excepcionales a nivel mundial y van a expulsar la inversión.. Lo que busca el Ejecutivo es afinar hasta qué punto se pueden relajar las exigencias sin que se dispare la luz. En el Gobierno, al menos en el departamento con las competencias energéticas, tienen claro que no puede pasar lo que ya se está viendo en países como Irlanda, donde se tuvo que imponer una moratoria para evitar apagones o en Estados Unidos. El experto y divulgador energético Joaquín Coronado señala que “en EE UU, donde supuestamente todo va rodado, al menos 15 estados están debatiendo moratorias a la construcción de centros de datos y más de 100 municipios ya las han aprobado. Texas tiene una moratoria temporal en vigor. Y en Nueva Jersey se han ganado elecciones prometiendo contener la factura eléctrica frente al impacto de estas instalaciones”. Empiezan a verse pancartas de ‘Stop data centers’.. Coronado, con larga trayectoria en el sector privado energético, apunta, entre otros factores, al riesgo de que los desarrollos de red que necesitan los centros de datos acaben siendo pagados por los consumidores en el recibo eléctrico. “Las eléctricas tardan años en construir la infraestructura de transporte y distribución que estos consumos exigen. Los promotores dicen que asumen esos refuerzos, pero el reparto real del coste está sin cerrar, y el consumidor doméstico e industrial teme acabar pagándolo en su tarifa”. Coronado admite que el decreto “es muy mejorable”, pero pide definir bien las condiciones antes de que sea demasiado tarde. En línea con lo anterior, desde el Gobierno alertan de la amplia capacidad otorgada para estas infraestructuras en comunidades como Madrid o Aragón y alertan de la dificultad para ser absorbidas por la red y poder abastecer todos esos proyectos aprobados.. El problema, apunta otra fuente conocedora de la problemática, es que se trata de un decreto muy técnico que está chocando con intereses de primer orden tanto a nivel político como empresarial y financiero. El Ejecutivo trata de poner coto y que los inversores no generen daños colaterales indeseados a medio plazo mientras algunas administraciones están haciendo grandilocuentes anuncios de inversión de algunas de las compañías tecnológicas más destacadas del mundo ante el ciclo electoral que se avecina.. Además, aquí entran en juego las discrepancias internas y los intereses dispares de los distintos ministerios que están interviniendo en la regulación. No es igual, explican estas fuentes, la aproximación que puede hacer al sector de los centros de datos el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que vela por el desarrollo tecnológico, que la que puede hacer Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica, quien busca evitar que se dispare la tarifa eléctrica o se pongan en cuestión los recursos hídricos. López además será candidato en las elecciones de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde se focalizan parte de los proyectos de inversión en data centers. También dentro de Transición Ecológica se encuentran con intereses dispares. Energía busca que se instalen más renovables, sobre todo eólica necesaria para las horas sin luz, pero desde Medio Ambiente se paralizan algunos desarrollos ante la avalancha de recursos de los ecologistas.
