Los secretarios generales de la CC OO, Unai Sordo, y de la UGT, Pepe Álvarez, declararon el martes su intención de pedir al gobierno un aumento del 7% en el salario mínimo interprofesional (SMI) para el año siguiente, llevándolo a aproximadamente 1.306 euros en 14 pagos (más de 1.500 euros en 12 pagos).
Los dos centros registrarán la huelga general del 11N con el lema ‘Salarios, vivienda, precios’ y la conectarán con el trabajo promoviendo una plataforma que busque salarios adecuados.
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Los secretarios generales de CC OO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han anunciado este martes que exigirán al Gobierno una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 7% para el próximo año, hasta situarlo alrededor de 1.306 euros en 14 pagas (más de 1.500 euros en 12 pagas).
El salario mínimo vigente es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Esa subida supuso un alza de 37 euros mensuales, producto de un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT. Ese incremento fue rechazado por las patronales CEOE y Cepyme, como prácticamente todas las subidas impulsadas por Díaz desde que es ministra. Desde que Pedro Sánchez es presidente del Ejecutivo, el SMI ha crecido un 66%, de 736 a 1.221 euros. En el mismo periodo (hasta 2025) los precios han crecido un 23%, lo que implica una ganancia de poder adquisitivo del suelo salarial de unos 40 puntos.
La exigencia sindical de incrementar el SMI un 7% está fundamentada, por un lado, en la evolución general de los salarios—que ubican en el entorno del 5%— con el fin de que esta renta mínima llegue al 60% de dicha retribución media; y, por otro, en el desfase de alrededor de dos puntos por el repunte inflacionista que viene registrándose desde el verano y evitar con ello que se pierda poder adquisitivo.
Los líderes sindicales han reconocido que aún no han comunicado al Gobierno esta reivindicación salarial. “Por una vez que sean ellos los que se enteran por los medios de comunicación, no pasa nada”, ha dicho Álvarez. No obstante, la respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha destacado el valor que tendrá en la decisión final del Gobierno el trabajo de los expertos que recomendarán cuánto debe subir el suelo retributivo para que no pierda poder adquisitivo. “Es lo que hemos hecho en los últimos años porque es importante que el SMI se mantenga en línea con la evolución del salario medio. Esperemos a ver cuál es la recomendación, como hemos hecho en años anteriores”, ha comentado Cuerpo, informa Màrius Lamor. Ha considerado importante que “el SMI no pierda poder adquisitivo”. El último dato de inflación interanual es un 4,9%, mientras que el promedio de los últimos 12 meses es un 3,3%.

Esta exigencia sindical formará parte de las reivindicaciones sindicales en la huelga del próximo 11 de noviembre, que ambas centrales, junto al Sindicato de Inquilinas y otros sindicatos minoritarios convocarán formalmente en los próximos días por la crisis de la vivienda. Esta convocatoria de paro estará destinado a “dar cobertura” a más de 22 millones de trabajadores para que se puedan movilizar masivamente para reclamar soluciones al problema del acceso a la vivienda.
La huelga, cuyo lema será Salarios, vivienda, precios, tendrá también un anclaje laboral para garantizar su legalidad: defenderán subidas retributivas suficientes para hacer frente al coste de la vida en general y para acceder a un lugar donde vivir en particular. “No habrá el más mínimo resquicio de ilegalidad” en su convocatoria, ha garantizado Sordo, ante los tambores de dudas sobre el carácter político de la convocatoria. En eses sentido, es previsible, tal y como han sugerido los máximos responsables sindicales, que el futuro texto legal que respalde la convocatoria, recoja como destinatarios del paro general, por este orden a la patronal y a las administraciones públicas: primero a las comunidades, que son las que tienen la competencia, seguidas de los ayuntamientos y el Estado, que debe destinar mayores recursos al problema de la vivienda
Los sindicatos pondrán esta reivindicación retributiva en relación con el empobrecimiento de los trabajadores por el encarecimiento del coste de la vida y del acceso a la vivienda e inlcuirán, en el registro del paro general, una plataforma con sus reivindicaciones en esta materia. Entre sus propuestas estará la creación de un parque público de viviendas para lo que exigirán que se movilice el 1% del PIB anual durante una década, con la construcción de 100.000 viviendas “protegidas y asumibles” al año, según Álvarez. Además reclaman, con este presupuesto, la puesta a disposición de las viviendas vacías, en especial muchas situadas en capitales de provincia. El objetivo final será contar, al cabo de diez años, con 1,5 millones de viviendas asequibles.
Asimismo, además de reivindicar las medidas sobre el alquiler y los desahucios incluidos en el real decreto recuperado por el Gobierno, Sordo ha apostado por “dar una vuelta” a la Ley de vivienda, para que en el caso de que las comunidades no la cumplan limitando los alquileres en las zonas tensionadas, se permita a los ayuntamientos o al Estado que tomen medidas. Para ello, “habrá que modificar la legislación competencial para permitirlo”, ha dicho el líder de CC OO.
Las propuestas de vivienda que CC OO y UGT reivindicarán con este paro incluyen también una regulación mucho más estricta del uso vacacional de las viviendas, eliminándolo directamente en las zonas tensionadas y relegándolo solo a las que no lo están.
Precisamente, los líderes sindicales han argumentado que la convocatoria de la huelga general se producirá en solitario por estos dos sindicatos, “sin ser excluyente”, pero al margen de otros minoritarios que también prevén hacer sus respectivos preavisos de huelga (como CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera), territoriales o movimientos como el Sindicato de Inquilinas, porque no todos ellos coinciden con estas reivindicaciones para dar solución a la crisis habitacional. “Hay quienes no están de acuerdo con estas reclamaciones, y creen, por ejemplo, que no se debe construir más vivienda, pues ellos lo recogerán así en sus registros del paro”, ha dicho Sordo.
No obstante, y a pesar de que, según el líder de CC OO, “la jornada de lucha tiene que tener una vertiente salarial clarísima”, este responsable sindical ha incidido en que las dificultades de acceso a la vivienda no obedecen a “una política salarial catastrófica” en los últimos años, sino a que “una subida anual del 12% del precio de la vivienda o los tres picos de inflación vividos desde finales de 2021 hasta ahora, no hay convenio que los resista”. Acto seguido, ha reivindicado el comportamiento de los salarios en los últimos ejercicios, pero ha criticado que esta evolución se pueda ver truncada por la ausencia de un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que la patronal lleva un año sin querer negociar. Para ese acuerdo, los sindicatos han recordado que exigirán a los empresarios que los sueldos en general suban entre un 4% (los más altos) y un 7% (los medios y bajos) anual los próximos tres años.
